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Banderas y banderas

La comparecencia en rueda de prensa por parte del presidente del Gobierno y de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, tras su encuentro oficial en la sede de esta institución, ha impactado más por las declaraciones en sí de sendos políticos, por la escenografía montada en el lugar elegido para esta aparición pública.
Veinticuatro banderas de España y de Madrid, ha sido el llamativo fondo a efectos de cortinaje, del escenario habilitado en el interior de aquellas instalaciones, moqueta roja incluida-color solemne- y dos atriles para ambos intervinientes. Una imagen que nos recuerda la parafernalia norteamericana en campañas y debates electorales y que prodiga hasta la saciedad la exhibición de la emblemática enseña de “barras y estrellas”. Al parecer, la idea de este montaje salió de Moncloa.
No es la primera vez que Pedro Sánchez hace apariciones públicas arropado por la bandera de España, lo que obviamente no deja de ser un mensaje, aunque es cierto que esta moda no la prodiga por cualquier sitio de esta España invertebrada que diría Ortega y Gasset; más que nada, por no molestar, ya que sabemos que en algunas zonas de nuestra geografía, a algunos dirigentes autonómicos le salen sarpullidos si tienen que compartir su espacio con la rojigualda y que para ellos suele ser la cenicienta que tiene que dar prioridad a otras enseñas, de menor precedencia.
Y es que en esto de exhibir la bandera de España, los mandatarios políticos se cuidan mucho de seleccionar donde hacerlo, puesto que saben, como decimos, donde puede molestar su presencia y en ocasiones, en estos sitios, optan por dar preferencia a la exhibición de la enseña autonómica, soslayando la española.
Dicho esto, se llega a la conclusión que para los políticos, el uso de la bandera es una acción o estrategia de marketing con la que transmiten en ese momento un mensaje concreto, obviando, lo que es grave, la aplicación de la Ley 39/1981 de 28 de octubre y que regula el uso de la Bandera de España y otras enseñas.

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Ejemplaridad de los cargos públicos

El Parlamento de Galicia celebró la sesión solemne de apertura de la XI legislatura donde el presidente del mismo, Miguel Ángel Santalices tuvo su habitual protagonismo con su discurso-declaración institucional y cuyo tono ha sido en la línea de su intervención hace cuatro años.
En aquella ocasión, empezaba su discurso pidiendo “que esta sea la legislatura del respeto institucional” agregando que en el ejercicio de sus funciones velaría por ello pidiendo la implicación en esta tarea por parte de todos los grupos de la cámara.
Pues bien, en su reciente intervención abriendo la nueva legislatura, instaba a los integrantes de la Cámara a “dedicar al menos tanto esfuerzo a forjar acuerdos como a escenificar las diferencias”, subrayando que “la ejemplaridad de las personas que ejercen cargos públicos se torna en una exigencia ineludible, tanto en el ejercicio de las responsabilidades que nos han sido encomendadas, como en nuestro proceder cotidiano en el ámbito privado”.
Igualmente, puso de relieve que formar parte del Parlamento de Galicia es “un honor y una responsabilidad que debería situarse por arriba de los intereses partidistas y de los postulados ideológicos en los que, legítima y democráticamente, cada cual milita”. Continuó explicando que hay que seguir esforzándose para “mudar la imagen social del Parlamento de Galicia, con el objetivo último de conseguir que los gallegos conozcan y valoren el trabajo que aquí se hace”, precisando que, “en excesivas ocasiones, la institución es percibida cómo alejada de la calle y desconectada de los problemas reales de la gente”. Enfatizó en que urgía entre todos restablecer el crédito social de las instituciones “a partir de comportamientos individuales caracterizados por la ejemplaridad, la transparencia y la honestidad, con un escrupuloso respeto al marco normativo del que nos dotamos”.
En el colofón de su declaración institucional, M.A. Santalices evocó el clima que predominaba en las sesiones del primer Parlamento de Galicia, invitando a todos los miembros de la Cámara a “inspirarnos en las formas y en el fondo de aquel Parlamento , en el que la precariedad de medios se suplía con un escrupuloso respeto a las formas, una oratoria cuidada y una permanente búsqueda del consenso, como quedó acreditado con la aprobación, por unanimidad, de buena parte del corpus legislativo sobre lo que se puso en marcha nuestro autogobierno”.
Ortega y Gasset escribió “El Parlamento es representación, mero reflejo y sombra de la realidad política exterior” y añade “el único lugar donde no está un pueblo es aquel en que está su representación”.

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Realeza y monarquía

La monarquía española y de paso también la realeza, nuevamente está atravesando por una situación controvertida como sucedió en su momento con el procesamiento del Duque de Palma y esposa de la Infanta Cristina. Ahora el punto de mira está en el padre del actual soberano, don Juan Carlos y debido a su decisión de irse a vivir fuera de Zarzuela-y de España- a causa, tal como él mismo dejó constancia en la carta enviada a su hijo “de la repercusión pública de «ciertos acontecimientos pasados» y justificando que “he sido rey de España durante casi cuarenta años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la Corona».
La “convulsión social” ha surgido por el tremendo efecto mediático de esta determinación cuestionando la misma y convirtiéndola en un debate nacional, con sus detractores y sus partidarios. El propio rey honorífico anunciaba que se ponía a disposición de Fiscalía «para cualquier trámite o actuación que considere oportuna», que investiga el posible cobro de comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca a empresas españolas.
Y esta circunstancia ha conducido a que se visibilicen algunas posturas críticas que reclaman que el anterior soberano renuncie a sus privilegios, entre ellos los protocolarios y de dignidad del cargo. Aunque conviene recordar que Don Juan Carlos de Borbón, padre de Felipe VI, continua vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona en el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo y que está recogido en el RD 470/2014 de 13 de junio y que modifica el 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes y en cuanto a su prelación en el ordenamiento protocolario tanto el monarca honorífico como su esposa, se sitúan a continuación de los descendientes del actual rey.
Volviendo a la carta que don Juan Carlos le envió a su hijo justificando su decisión de abandonar la morada real, asevera en ella que “Mi legado y mi propia dignidad como persona así me lo exigen». Y por su parte Felipe VI destacó la importancia histórica que representa el reinado de su padre, “como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia” y al mismo tiempo reafirmado los principios y valores sobre los que ésta se asienta “en el marco de nuestra Constitución”
Mientras, Unidas Podemos proyecta una proposición de ley orgánica que regule todos los aspectos relacionados con la Jefatura del Estado, incluyendo un método legal para inhabilitar a Felipe VI.
Pese a lo que a muchos les cueste asumir, en España tenemos monarquía parlamentaria representativa en la que “el rey simboliza la unidad y permanencia del Estado, como titular de un poder moderador del funcionamiento de las instituciones democráticas”, dixit DRAE.

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Nuevos parlamentos

Galicia y País Vasco han constituido sus respectivos parlamentos autonómicos. Hasta aquí ambas noticias coinciden, pero donde no lo han hecho ha sido en la forma de asumir sus funciones, pues los vascos lo hicieron sin acatar la Constitución ni ninguna otra invocación reglamentaria y como único trámite protocolario ha sido acceder al escaño previa convocatoria de su nombre, sin más parafernalias.
Cosa distinta acaeció en el Pazo do Hórreo donde los diputados cumplieron, eso si cada uno a su manera, con el procedimiento de jurar o prometer el cargo e incluso alguno lo hizo con ambas opciones, como le sucedió al nuevamente reelegido presidente de la Cámara autonómica, Miguel Angel Santalices, quien en primera instancia prometió su cargo a continuación corrigió para jurarlo.
El titular de la Xunta optó por la promesa que también utilizaron la mayoría de los diputados, aunque los nacionalistas, fieles a sus convicciones, hicieron uso de sus “recursos habituales” para justificar el “imperativo legal”, añadiendo en esta ocasión «me comprometo a ser fiel a Galicia y a defender los derechos nacionales y sociales de las gallegas y los gallegos y su libertad». Y como complemento, el ya tradicional ejemplar de Castelao “Sempre en Galicia” que es como su catecismo de cabecera y también la aportación de un clavel por parte de los representantes del BNG y la rosa por los diputados socialistas.
Resulta incongruente que se constituya una Cámara autonómica sin asumir los preceptos legales que la han creado, como son los contenidos en la Carta Magna que contempla la Organización Territorial del Estado y la conformación de su autogobierno con arreglo a sus respectivos Estatutos como norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma e integrados en su ordenamiento jurídico. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte, hay algunos gobiernos autonómicos que se olvidan que forman parte del sistema de poder y se olvidan que funcionan porque la Constitución los reconoce.
Por lo demás, la constitución de ambas instituciones estuvo caracterizada por la nueva imagen a que obliga las medidas preventivas del COVID-restricciones de saludos nada efusivos, tribuna sin público, los privilegiados estaban siguiendo el proceso en salas auxiliares, botes de gel hidroalcohólico, mascarillas, desinfección por parte del personal de limpieza de la Cámara…y la separación de los escaños mediante unas mamparas transparentes que no dejan de ser una barrera a la hora de condicionar la comunicación entre los parlamentarios.

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Insultos naturales

Hay que ver que ocurrentes son nuestros políticos. Y no nos estamos refiriendo a alguna de sus decisiones en el ejercicio de su actividad, y que muchas veces son erráticas y estrambóticas. También sus ocurrencias son producto de sus pensamientos y que cada vez que hablan públicamente, parece que sientan cátedra. La cuestión es que cada vez que vayan a abrir la boca, deberían asumir la frase aristotélica “El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice».
La nueva polémica ha sido servida, una vez más, por el “top ten” de los dimes y diretes, el líder podemita y vicepresidente segundo Pablo Iglesias quien en una reciente comparecencia pública justificaba, además en un espacio institucional como es la sede del Gobierno, los «insultos» y las «críticas» a los medios de comunicación, subrayando que en las democracias avanzadas hay que «naturalizar» que “cualquiera que tenga presencia pública o responsabilidades en una empresa de comunicación o en política, están sometidos tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales». Y luego matizó «todos los poderes son objeto de crítica, el poder mediático también» y que «otra cosa es la crítica, que al poder mediático es tan legítima como la del poder político».
Dicho de otra forma, licencia para insultar. Cómo cambia la percepción de las cosas según estés de uno o de otro lado. Porque no es lo mismo soltar chácharas como líder de un partido de la oposición que hacerlo desde la palestra de la Moncloa investido con la aureola del poder fáctico, al margen de cómo haya llegado a esa alta representación del Estado.
Además, dos compañeras de Gobierno, que no del partido, salieron al paso para matizar sus manifestaciones. La ministra de Defensa, Margarita Robles afirmó que no compartía que se justifiquen los insultos considerando que «no son aceptables ni en las redes sociales, ni en ningún otro sitio” y añadió que “hay que construir una sociedad basada en el respeto, la tolerancia y en tender puentes” precisando que «el insulto no puede ser tolerado, aunque la crítica es muy sana. Los medios son el oxígeno de la democracia y no comparto las críticas ni las descalificaciones que puedan hacerse».
Y por su parte la ministra portavoz María Jesús Montero, pedía no incurrir en el «insulto y la amenaza» a los periodistas y ha apostado por «imponer el criterio de la razón» como las personas civilizadas» y agregó que «algunas veces la forma de expresarnos puede poner el acento en una cosa u otra» y defendió “la labor «imprescindible» de los periodistas para una «sociedad democrática”.
Qué importante sería que los políticos fuesen a cursos de comunicación para saber cómo hablar en público manteniendo su estatus como tales representantes públicos. Y recordemos que “el político, como el pez, muere por la boca”.

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Ceremonia de simbolismos

La plaza de la Armería del Palacio Real fue el escenario institucional donde se celebró el “Homenaje de Estado a las víctimas de la coronavirus y de reconocimiento a la sociedad”, tal como rezaba en la invitación oficial. Implícitamente este reconocimiento era a los colectivos que le han hecho frente a esta pandemia en primera línea.
El acto fue presidido por el rey y en el mismo participaron representantes de instituciones, partidos-no estaban todos- y otros invitados. El presidente del Gobierno recibió a la Familia Real y a continuación se dirigieron a la línea de saludo para cumplimentar a las altas autoridades allí presentes. Saludo obviamente gestual, sin contacto físico como marcan las normas de cortesía y adaptándose a las pautas profilácticas del COVID.
Ha sido una ceremonia a la que se le quiso imprimir un carácter civil, laico y pletórica de simbolismo con un planteamiento sobrio y una arquitectura social muy peculiar, exenta de rimbombancias y evitando significados que pudieran suscitar otras interpretaciones. No vamos a polemizar respecto a cómo se generó la invitación oficial que cursó el propio Gobierno e incluso el formato del texto que poco tiene que ver con una redacción estandarizada tradicional: “El presidente del Gobierno transmite su deseo de compartir con…” y donde comunicaba que el acto iba a estar presidido por Su Majestad el Rey. Como tampoco matizar si fue correcto o no que invite el titular del Ejecutivo a un evento que preside el monarca y que se celebra “en su casa”…
Se montó una escenografía con una sobriedad en la estética-montaje de las sillas, de plástico blanco y sin estar vestidas, en círculo rodeando el pebetero central con la llama en honor de las víctimas y ubicado sobre una plataforma y en sus ángulos un discreto ornato floral verde, dos líneas de banderas de España y de todas las Comunidades Autónomas y el atril con el escudo de la Casa Real y la mayoría invitados con mascarillas oscuras, aunque algunos las portaban menos austeras y con logos o dibujos.
Y sobriedad en el desarrollo de la misma con la interpretación del himno nacional por la orquesta y coro de RTVE-otra opción hubiera sido, por ejemplo, la banda de música de la Guardia Real, pero el Gobierno prefirió mantener el espíritu “civil” del evento-, encendido de la llama, la ofrenda floral junto al pebetero, intervenciones por parte un representante en nombre de las víctimas y de los colectivos que han estado en primera línea de asistencia y finalmente la alocución del soberano.
Cosa distinta ha sido la misa en memoria de las víctimas convocada por la Conferencia Episcopal y a la que también asistieron los Reyes y que obviamente no tenía rango de “funeral de Estado” dada la entidad convocante.
El Gobierno ha optado por una ceremonia sin exaltaciones políticas de las que últimamente estamos sobrados debido al exceso de teatralidad y gestualidad por parte de nuestros representantes públicos. De hecho se produjeron imágenes inusuales, como la presencia del presidente de la Generalitat, quien accedió al lado de los flamantes reelegidos titulares de los gobiernos gallego y vasco. Y usual como al líder podemita con traje pero sin corbata, no sea que se vayan a romper moldes.

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Banderas y pancartas

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina “que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.
Esta determinación, que anuló el acuerdo del pleno municipal de Santa Cruz de Tenerife que reconocía la bandera de las siete estrellas verdes como la oficial de Canarias y acordando su enarbolamiento en un lugar destacado del Ayuntamiento, deja claro que no se puede colgar ninguna enseña en fachada alguna de Casas Consistoriales aunque bien puede extenderse a cualquier edificio público.
Esta es una vieja polémica, pues desde hace tiempo es usual que se utilicen las fachadas de estos inmuebles para exhibir enseñas o pancartas reivindicativas o con mensajes. La cuestión está en que una cosa es una bandera izada en un mástil, y otra un elemento tipo pancarta colgado desde una ventana o balcón. Y aquí radica la diferencia entre una enseña “oficial” y un cartel de medidas no estandarizadas que se expone al público desde la fachada de ese edificio institucional.
Como quiera que dicha sentencia (564/2020) se refiere a banderas oficiales, ahí surgen las interpretaciones subjetivas y más aún cuando el Defensor del Pueblo ha comunicado que las “banderas” que representan a colectivos y movimientos sociales y colectivos no se ven afectadas. Y como decimos, no es lo mismo una “bandera” como tal que una pancarta y no es lo mismo que ésta se cuelgue de un mástil del balcón o que penda desde una ventana u otro lugar de la fachada.
Mientras tanto, entre dimes y diretes, con motivo de la reciente celebración del día del Orgullo Gay, unos Ayuntamientos exhibieron el símbolo arcoíris y otros optaron por no hacerlo, ante dicha sentencia del Tribunal Supremo.
La cuestión es que la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas precisa en su artículo tercero que “la bandera de España será la única que ondee y se exhiba en las sedes de los órganos constitucionales del Estado y en la de los órganos centrales de la Administración del Estado” y junto a ella las demás enseñas consideradas oficiales. Más claro, agua. Por eso, la exhibición de cualquier otra que no tenga esta calificación como tales, implica una vulneración flagrante de la propia ley.

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Los méritos del emérito

Parece que el retiro del Rey don Juan Carlos I está siendo más movido de lo previsto. El padre de nuestro soberano está focalizando la atención de una parte de la clase política que está empeñada en retirar las imágenes del monarca que descansan en instituciones públicas. Nos estamos refiriendo a lo sucedido en el Parlamento de Navarra -Sala de Gobierno del Legislativo foral-, después de que la Junta de Portavoces aprobase una declaración presentada por Izquierda-Ezkerra para su retirada.
Pero todavía más, la portavoz de EH Bildu en el Congreso anunciaba que su grupo parlamentario solicitará la retirada de todos los retratos y estatuas del Rey Juan Carlos que haya repartidos en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.
Y menos mal que la Mesa del Congreso rechazó la tramitación de la solicitud presentada por Unidas Podemos y otros partidos nacionalistas para investigar “posibles delitos” del anterior monarca, tras su abdicación. Se fundamenta esta decisión en el informe de los letrados del Congreso que oponía a cualquier indagación sobre las actividades de Juan Carlos I “ya que, aunque desde 2014 no sea inviolable, los hechos que se quieren analizar derivan de sus actuaciones cuando era jefe del Estado”.
Así pues, este ilustre miembro de la Familia Real no puede disfrutar de los beneficios que implican un retiro o una jubilación. “Creo que ha llegado el momento de pasar una nueva página en mi vida y de completar mi retirada de la vida pública” le escribía a su hijo, Felipe VI, en la carta que le dirigió con motivo de su “jubilación oficial”. Su situación parece más propia de un emérito que de un honorífico, considerando lo primero como “una persona que se ha jubilado y mantiene sus honores y alguna de sus funciones”, mientras que lo segundo define “enaltecer o premiar el mérito de alguien”.
Tanto Juan Carlos I como su esposa, mantienen vitaliciamente el título de rey y reina con carácter honorífico, tal como se recoge en la modificación del Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes y donde asimismo se especifica que recibirán tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias. Incluso se expresaba gratitud “no es sino la forma de plasmar la gratitud por décadas de servicio a España y a los españoles”.
La Corona atraviesa tiempos convulsos a tenor de las acciones de determinadas fuerzas políticas poco o nada constitucionalistas. Bueno, ya hasta se han liberado sanciones por “ultrajar” una imagen de los soberanos.

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Normalidad, tal cual

Es indudable que esta pandemia del COVID no sólo está dejando huellas sanitarias, sino también sociales, económicas y…lingüísticas. Durante este periodo de tiempo que llevamos transcurrido desde que los ciudadanos estamos condicionados al modo de vivir que está provocando aquella y consecuentemente asistimos a un periplo de innovaciones con el que tenemos que convivir y que otros nos pautan.
En concreto y en relación con los “inventos” del nuevo “lenguaje covid”, el Gobierno se ha empecinado en introducir en nuestra conversación cotidiana, expresiones como “nueva normalidad”, “desescalada” o “cogobernanza”, amén de otras cuyo significado resulta más inteligible y que se prodigan tanto en medios de comunicación como entre ciudadanos y aparte de la nefasta palabra pandemia, proliferan: fases, confinamiento, movilidad, distancia social, rebrote, asintomático, contención, contagio, asimétrica, restricciones, vulnerables, flexibilidad…
En relación con la “nueva normalidad”, de la que ya disfrutamos en Galicia, se nos antoja como una redundancia. La normalidad siempre es normalidad, ya sea nueva o vieja. Si nos acogemos a lo que se dice en el DRAE “Cualidad o condición de normal. Volver a la normalidad”. Por ello, es obvio que le sobra lo de “nueva”. Se trata tan sólo de volver y en ello está que nos depare lo mismo que antes de la pandemia, cada cual con su vida laboral o profesional, social, convivencial… “Es importante que así sea, que el Gobierno de España y su Ministerio de Sanidad tomen las decisiones para garantizar un proceso de transición a la nueva normalidad coherente en toda España”, así se recoge en el “Plan para la transición hacia una nueva normalidad” elaborado por el Gobierno y fechado el 28 de abril. Sin embargo, en el mismo texto luego se explica “la incorporación de criterios sociales en la toma de decisiones es importante para limitar las posibles consecuencias negativas que la enfermedad, las medidas de confinamiento y la recuperación progresiva de la normalidad, puedan tener en determinados colectivos particularmente vulnerables”. Pues eso mismo, prevalece recuperar la normalidad sin necesidad de que sea nueva.
Y luego están los “palabros” que no reconoce ni el DRAE como tales expresiones: desescalada y cogobernanza. Si lo consultamos ya se nos dice que tales palabras “no están en el diccionario”. Textualmente “el Gobierno de España coordinará el proceso de transición a la nueva normalidad, el denominado proceso de desescalada” y también que “el estado de alarma incorpora la ‘cogobernanza’ en la gestión de la desescalada con las comunidades autónomas”. Buceando en el ciberespacio, se traduce más o menos como “interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, y para construir las instituciones y normas necesarias”.

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Foros desaforados

Hacía tiempo que no asistíamos a debates parlamentarios fuera de tono. Es más, teníamos la impresión que esta “tregua política” que había provocado la pandemia del COVID 19-hasta incluso los soberanistas catalanes se habían olvidado el “España nos roba” y otras lindezas similares independentistas-, estaba reflejando una quietud política exenta de exacerbados discursos, pletóricos de cargas de profundidad.
Pero no. Acabamos de comprobar que han vuelto por sus fueros los aforados que han utilizado el foro parlamentario para protagonizar desaforados debates. Y es algo más que un sutil juego de palabras. Nos estamos refiriendo a los “desencuentros dialécticos” con dirigentes del Partido Popular y VOX que protagonizó el actual vicepresidente segundo del Gobierno y otrora paradigmático líder de un partido político que luchaba para erradicar la casta y las puertas giratorias, Pablo Iglesias Turrión, con segundo apellido para que no se le confunda con el histórico fundador del PSOE.
Uno de ellos se produjo en el magno hemiciclo del Congreso de los Diputados-en donde, por cierto, la última sesión también resultó desabrida en la mayor parte de las intervenciones de los comparecientes – y por cuya palestra a lo largo de su historia han desfilado insignes y preclaros oradores quienes han dejado patente una clara aportación a lo que se entiende como parlamentarismo, donde las ideas se manifiestan mediante escogidas palabras, exentas de imprecaciones o vejaciones. Pues bien, nuestro Congreso actual-ubicado en el mismo Palacio de la Carrera de San Jerónimo- rezuma otras prácticas oratorias más propias de tabernas. No se trata solamente de utilizar una estrategia de comunicación cuyo único propósito es arrumbar a tu rival político y que en este sentido lo ves más como un “enemigo” que como adversario. Se trata de echar mano de expresiones que no están conformes a la doctrina de ese acendrado parlamentarismo y cuyo objetivo no es otro que conseguir que las mismas tengan incidencia mediática y que sin duda supone mayor repercusión que lo que se dice en una sesión del Congreso y que en la mayoría de las ocasiones sólo queda fielmente contemplado en el Diario de sesiones, aunque muchas veces, cuando la intervención del diputado raya con lo exabrupto, la Presidencia de la Cámara pide que no se recojan.
Es evidente que se requiere mucha cintura para ejercer hoy en día de representante público en un foro cameral en el que se está allí por elección popular. El buen tono debe presidir siempre las intervenciones pero un debate tiene que estar exento de visceralidades. Por ello, como decimos, cuando el ciudadano contempla estos rifirrafes, al margen de quien los protagonice, tendrá la sensación que algo está fallando y que no es necesario crispar una discusión introduciendo argumentos fuera de contexto y que va en detrimento de la imagen del político.

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