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Insultos naturales

Hay que ver que ocurrentes son nuestros políticos. Y no nos estamos refiriendo a alguna de sus decisiones en el ejercicio de su actividad, y que muchas veces son erráticas y estrambóticas. También sus ocurrencias son producto de sus pensamientos y que cada vez que hablan públicamente, parece que sientan cátedra. La cuestión es que cada vez que vayan a abrir la boca, deberían asumir la frase aristotélica “El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice”.
La nueva polémica ha sido servida, una vez más, por el “top ten” de los dimes y diretes, el líder podemita y vicepresidente segundo Pablo Iglesias quien en una reciente comparecencia pública justificaba, además en un espacio institucional como es la sede del Gobierno, los “insultos” y las “críticas” a los medios de comunicación, subrayando que en las democracias avanzadas hay que “naturalizar” que “cualquiera que tenga presencia pública o responsabilidades en una empresa de comunicación o en política, están sometidos tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales”. Y luego matizó “todos los poderes son objeto de crítica, el poder mediático también” y que “otra cosa es la crítica, que al poder mediático es tan legítima como la del poder político”.
Dicho de otra forma, licencia para insultar. Cómo cambia la percepción de las cosas según estés de uno o de otro lado. Porque no es lo mismo soltar chácharas como líder de un partido de la oposición que hacerlo desde la palestra de la Moncloa investido con la aureola del poder fáctico, al margen de cómo haya llegado a esa alta representación del Estado.
Además, dos compañeras de Gobierno, que no del partido, salieron al paso para matizar sus manifestaciones. La ministra de Defensa, Margarita Robles afirmó que no compartía que se justifiquen los insultos considerando que “no son aceptables ni en las redes sociales, ni en ningún otro sitio” y añadió que “hay que construir una sociedad basada en el respeto, la tolerancia y en tender puentes” precisando que «el insulto no puede ser tolerado, aunque la crítica es muy sana. Los medios son el oxígeno de la democracia y no comparto las críticas ni las descalificaciones que puedan hacerse».
Y por su parte la ministra portavoz María Jesús Montero, pedía no incurrir en el «insulto y la amenaza» a los periodistas y ha apostado por «imponer el criterio de la razón» como las personas civilizadas» y agregó que «algunas veces la forma de expresarnos puede poner el acento en una cosa u otra» y defendió “la labor «imprescindible» de los periodistas para una «sociedad democrática”.
Qué importante sería que los políticos fuesen a cursos de comunicación para saber cómo hablar en público manteniendo su estatus como tales representantes públicos. Y recordemos que “el político, como el pez, muere por la boca”.

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Ceremonia de simbolismos

La plaza de la Armería del Palacio Real fue el escenario institucional donde se celebró el “Homenaje de Estado a las víctimas de la coronavirus y de reconocimiento a la sociedad”, tal como rezaba en la invitación oficial. Implícitamente este reconocimiento era a los colectivos que le han hecho frente a esta pandemia en primera línea.
El acto fue presidido por el rey y en el mismo participaron representantes de instituciones, partidos-no estaban todos- y otros invitados. El presidente del Gobierno recibió a la Familia Real y a continuación se dirigieron a la línea de saludo para cumplimentar a las altas autoridades allí presentes. Saludo obviamente gestual, sin contacto físico como marcan las normas de cortesía y adaptándose a las pautas profilácticas del COVID.
Ha sido una ceremonia a la que se le quiso imprimir un carácter civil, laico y pletórica de simbolismo con un planteamiento sobrio y una arquitectura social muy peculiar, exenta de rimbombancias y evitando significados que pudieran suscitar otras interpretaciones. No vamos a polemizar respecto a cómo se generó la invitación oficial que cursó el propio Gobierno e incluso el formato del texto que poco tiene que ver con una redacción estandarizada tradicional: “El presidente del Gobierno transmite su deseo de compartir con…” y donde comunicaba que el acto iba a estar presidido por Su Majestad el Rey. Como tampoco matizar si fue correcto o no que invite el titular del Ejecutivo a un evento que preside el monarca y que se celebra “en su casa”…
Se montó una escenografía con una sobriedad en la estética-montaje de las sillas, de plástico blanco y sin estar vestidas, en círculo rodeando el pebetero central con la llama en honor de las víctimas y ubicado sobre una plataforma y en sus ángulos un discreto ornato floral verde, dos líneas de banderas de España y de todas las Comunidades Autónomas y el atril con el escudo de la Casa Real y la mayoría invitados con mascarillas oscuras, aunque algunos las portaban menos austeras y con logos o dibujos.
Y sobriedad en el desarrollo de la misma con la interpretación del himno nacional por la orquesta y coro de RTVE-otra opción hubiera sido, por ejemplo, la banda de música de la Guardia Real, pero el Gobierno prefirió mantener el espíritu “civil” del evento-, encendido de la llama, la ofrenda floral junto al pebetero, intervenciones por parte un representante en nombre de las víctimas y de los colectivos que han estado en primera línea de asistencia y finalmente la alocución del soberano.
Cosa distinta ha sido la misa en memoria de las víctimas convocada por la Conferencia Episcopal y a la que también asistieron los Reyes y que obviamente no tenía rango de “funeral de Estado” dada la entidad convocante.
El Gobierno ha optado por una ceremonia sin exaltaciones políticas de las que últimamente estamos sobrados debido al exceso de teatralidad y gestualidad por parte de nuestros representantes públicos. De hecho se produjeron imágenes inusuales, como la presencia del presidente de la Generalitat, quien accedió al lado de los flamantes reelegidos titulares de los gobiernos gallego y vasco. Y usual como al líder podemita con traje pero sin corbata, no sea que se vayan a romper moldes.

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Banderas y pancartas

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina “que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.
Esta determinación, que anuló el acuerdo del pleno municipal de Santa Cruz de Tenerife que reconocía la bandera de las siete estrellas verdes como la oficial de Canarias y acordando su enarbolamiento en un lugar destacado del Ayuntamiento, deja claro que no se puede colgar ninguna enseña en fachada alguna de Casas Consistoriales aunque bien puede extenderse a cualquier edificio público.
Esta es una vieja polémica, pues desde hace tiempo es usual que se utilicen las fachadas de estos inmuebles para exhibir enseñas o pancartas reivindicativas o con mensajes. La cuestión está en que una cosa es una bandera izada en un mástil, y otra un elemento tipo pancarta colgado desde una ventana o balcón. Y aquí radica la diferencia entre una enseña “oficial” y un cartel de medidas no estandarizadas que se expone al público desde la fachada de ese edificio institucional.
Como quiera que dicha sentencia (564/2020) se refiere a banderas oficiales, ahí surgen las interpretaciones subjetivas y más aún cuando el Defensor del Pueblo ha comunicado que las “banderas” que representan a colectivos y movimientos sociales y colectivos no se ven afectadas. Y como decimos, no es lo mismo una “bandera” como tal que una pancarta y no es lo mismo que ésta se cuelgue de un mástil del balcón o que penda desde una ventana u otro lugar de la fachada.
Mientras tanto, entre dimes y diretes, con motivo de la reciente celebración del día del Orgullo Gay, unos Ayuntamientos exhibieron el símbolo arcoíris y otros optaron por no hacerlo, ante dicha sentencia del Tribunal Supremo.
La cuestión es que la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas precisa en su artículo tercero que “la bandera de España será la única que ondee y se exhiba en las sedes de los órganos constitucionales del Estado y en la de los órganos centrales de la Administración del Estado” y junto a ella las demás enseñas consideradas oficiales. Más claro, agua. Por eso, la exhibición de cualquier otra que no tenga esta calificación como tales, implica una vulneración flagrante de la propia ley.

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Los méritos del emérito

Parece que el retiro del Rey don Juan Carlos I está siendo más movido de lo previsto. El padre de nuestro soberano está focalizando la atención de una parte de la clase política que está empeñada en retirar las imágenes del monarca que descansan en instituciones públicas. Nos estamos refiriendo a lo sucedido en el Parlamento de Navarra -Sala de Gobierno del Legislativo foral-, después de que la Junta de Portavoces aprobase una declaración presentada por Izquierda-Ezkerra para su retirada.
Pero todavía más, la portavoz de EH Bildu en el Congreso anunciaba que su grupo parlamentario solicitará la retirada de todos los retratos y estatuas del Rey Juan Carlos que haya repartidos en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.
Y menos mal que la Mesa del Congreso rechazó la tramitación de la solicitud presentada por Unidas Podemos y otros partidos nacionalistas para investigar “posibles delitos” del anterior monarca, tras su abdicación. Se fundamenta esta decisión en el informe de los letrados del Congreso que oponía a cualquier indagación sobre las actividades de Juan Carlos I “ya que, aunque desde 2014 no sea inviolable, los hechos que se quieren analizar derivan de sus actuaciones cuando era jefe del Estado”.
Así pues, este ilustre miembro de la Familia Real no puede disfrutar de los beneficios que implican un retiro o una jubilación. “Creo que ha llegado el momento de pasar una nueva página en mi vida y de completar mi retirada de la vida pública” le escribía a su hijo, Felipe VI, en la carta que le dirigió con motivo de su “jubilación oficial”. Su situación parece más propia de un emérito que de un honorífico, considerando lo primero como “una persona que se ha jubilado y mantiene sus honores y alguna de sus funciones”, mientras que lo segundo define “enaltecer o premiar el mérito de alguien”.
Tanto Juan Carlos I como su esposa, mantienen vitaliciamente el título de rey y reina con carácter honorífico, tal como se recoge en la modificación del Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes y donde asimismo se especifica que recibirán tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias. Incluso se expresaba gratitud “no es sino la forma de plasmar la gratitud por décadas de servicio a España y a los españoles”.
La Corona atraviesa tiempos convulsos a tenor de las acciones de determinadas fuerzas políticas poco o nada constitucionalistas. Bueno, ya hasta se han liberado sanciones por “ultrajar” una imagen de los soberanos.

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Normalidad, tal cual

Es indudable que esta pandemia del COVID no sólo está dejando huellas sanitarias, sino también sociales, económicas y…lingüísticas. Durante este periodo de tiempo que llevamos transcurrido desde que los ciudadanos estamos condicionados al modo de vivir que está provocando aquella y consecuentemente asistimos a un periplo de innovaciones con el que tenemos que convivir y que otros nos pautan.
En concreto y en relación con los “inventos” del nuevo “lenguaje covid”, el Gobierno se ha empecinado en introducir en nuestra conversación cotidiana, expresiones como “nueva normalidad”, “desescalada” o “cogobernanza”, amén de otras cuyo significado resulta más inteligible y que se prodigan tanto en medios de comunicación como entre ciudadanos y aparte de la nefasta palabra pandemia, proliferan: fases, confinamiento, movilidad, distancia social, rebrote, asintomático, contención, contagio, asimétrica, restricciones, vulnerables, flexibilidad…
En relación con la “nueva normalidad”, de la que ya disfrutamos en Galicia, se nos antoja como una redundancia. La normalidad siempre es normalidad, ya sea nueva o vieja. Si nos acogemos a lo que se dice en el DRAE “Cualidad o condición de normal. Volver a la normalidad”. Por ello, es obvio que le sobra lo de “nueva”. Se trata tan sólo de volver y en ello está que nos depare lo mismo que antes de la pandemia, cada cual con su vida laboral o profesional, social, convivencial… “Es importante que así sea, que el Gobierno de España y su Ministerio de Sanidad tomen las decisiones para garantizar un proceso de transición a la nueva normalidad coherente en toda España”, así se recoge en el “Plan para la transición hacia una nueva normalidad” elaborado por el Gobierno y fechado el 28 de abril. Sin embargo, en el mismo texto luego se explica “la incorporación de criterios sociales en la toma de decisiones es importante para limitar las posibles consecuencias negativas que la enfermedad, las medidas de confinamiento y la recuperación progresiva de la normalidad, puedan tener en determinados colectivos particularmente vulnerables”. Pues eso mismo, prevalece recuperar la normalidad sin necesidad de que sea nueva.
Y luego están los “palabros” que no reconoce ni el DRAE como tales expresiones: desescalada y cogobernanza. Si lo consultamos ya se nos dice que tales palabras “no están en el diccionario”. Textualmente “el Gobierno de España coordinará el proceso de transición a la nueva normalidad, el denominado proceso de desescalada” y también que “el estado de alarma incorpora la ‘cogobernanza’ en la gestión de la desescalada con las comunidades autónomas”. Buceando en el ciberespacio, se traduce más o menos como “interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, y para construir las instituciones y normas necesarias”.

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Foros desaforados

Hacía tiempo que no asistíamos a debates parlamentarios fuera de tono. Es más, teníamos la impresión que esta “tregua política” que había provocado la pandemia del COVID 19-hasta incluso los soberanistas catalanes se habían olvidado el “España nos roba” y otras lindezas similares independentistas-, estaba reflejando una quietud política exenta de exacerbados discursos, pletóricos de cargas de profundidad.
Pero no. Acabamos de comprobar que han vuelto por sus fueros los aforados que han utilizado el foro parlamentario para protagonizar desaforados debates. Y es algo más que un sutil juego de palabras. Nos estamos refiriendo a los “desencuentros dialécticos” con dirigentes del Partido Popular y VOX que protagonizó el actual vicepresidente segundo del Gobierno y otrora paradigmático líder de un partido político que luchaba para erradicar la casta y las puertas giratorias, Pablo Iglesias Turrión, con segundo apellido para que no se le confunda con el histórico fundador del PSOE.
Uno de ellos se produjo en el magno hemiciclo del Congreso de los Diputados-en donde, por cierto, la última sesión también resultó desabrida en la mayor parte de las intervenciones de los comparecientes – y por cuya palestra a lo largo de su historia han desfilado insignes y preclaros oradores quienes han dejado patente una clara aportación a lo que se entiende como parlamentarismo, donde las ideas se manifiestan mediante escogidas palabras, exentas de imprecaciones o vejaciones. Pues bien, nuestro Congreso actual-ubicado en el mismo Palacio de la Carrera de San Jerónimo- rezuma otras prácticas oratorias más propias de tabernas. No se trata solamente de utilizar una estrategia de comunicación cuyo único propósito es arrumbar a tu rival político y que en este sentido lo ves más como un “enemigo” que como adversario. Se trata de echar mano de expresiones que no están conformes a la doctrina de ese acendrado parlamentarismo y cuyo objetivo no es otro que conseguir que las mismas tengan incidencia mediática y que sin duda supone mayor repercusión que lo que se dice en una sesión del Congreso y que en la mayoría de las ocasiones sólo queda fielmente contemplado en el Diario de sesiones, aunque muchas veces, cuando la intervención del diputado raya con lo exabrupto, la Presidencia de la Cámara pide que no se recojan.
Es evidente que se requiere mucha cintura para ejercer hoy en día de representante público en un foro cameral en el que se está allí por elección popular. El buen tono debe presidir siempre las intervenciones pero un debate tiene que estar exento de visceralidades. Por ello, como decimos, cuando el ciudadano contempla estos rifirrafes, al margen de quien los protagonice, tendrá la sensación que algo está fallando y que no es necesario crispar una discusión introduciendo argumentos fuera de contexto y que va en detrimento de la imagen del político.

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Pan y Circo

“Pan y circo” es una locución latina que describe la práctica de un gobierno que, para mantener serena a la población y solapar hechos controvertidos, provee a las masas de alimento y entretenimiento. El origen de esta frase la encontramos en la Sátira X del poeta romano Juvenal.
“Hace ya tiempo, desde que a nadie vendemos votos, se ha desembarazado este pueblo de responsabilidades. Y es que el que otorgaba antaño generalatos, insignias, legiones, todo, ahora se retrae y ansioso no pide más que dos cosas: pan y carreras de caballos”.
Es más que obvio que no estamos en aquella época de la Roma imperial donde la celebración de los Triunfos eran auténticas ceremonias de exaltación con todo aparato, pompa y boato en favor del general-o político-homenajeado. Sin embargo, a la vista de lo que está aconteciendo últimamente en nuestro entorno sociopolítico más próximo y en el que desenvolvemos nuestra convivencia cotidiana, necesariamente evocamos aquella etapa histórica en la que el Poder organizaba magnos espectáculos populares-esto es, con invitación ex profesa al pueblo- tales como combates de gladiadores, carreras de cuádrigas, luchas de fieras, representaciones teatrales, combates náuticos…
Lo que ocurre es que las prácticas están adecuadas a los nuevos tiempos. El pueblo ya no tiene que asistir al circo romano para presenciar el espectáculo. Ahora se hace a través de la televisión. Y el “pan” tampoco se reparte en el propio coliseo. Ahora se hace a través de ayudas y subvenciones. La cuestión está en que al pueblo hay que mantenerlo entretenido para que no relativice sobre la situación actual.
El mismo Gaspar Melchor de Jovellanos en 1812 impulsó la publicación de “Pan y toros”, entendida como una “oración apologética en defensa del estado floreciente de España en el reinado de Carlos IV” y difundido en la plaza de toros de Madrid.
Pero sin el ánimo de frivolizar, situaciones como las que ahora mismo estamos atravesando, el pueblo-la ciudadanía- no quiere circo, aunque eufemísticamente esto sea hoy en día el fútbol, ya autorizado, ni quiere el agasajo de un bocadillo, quiere resoluciones a sus problemas sin necesidad de acudir a una línea de subvenciones que palien una deficiencia momentánea. La calidad de vida empieza por la dignidad de la persona y que su trabajo le permita ser parte de esa sociedad en la que ahora mismo está confinado y donde sus movimientos están restringidos.
Por eso no quiere discursos ni una retahíla de mensajes basados en estrategias de marketing y mucho menos de imposturas. Quiere convivir en un estado de bienestar exento de florituras que disimulen defectos.

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Estética y marketing

Uno de los debates sociales de estos días y suscitados a causa de la incidencia de la pandemia del COVID, se refiere al luto oficial, tal como ya hemos comentado en más de una ocasión. Pero es que la acción de tal duelo no se manifiesta exclusivamente a través de la expresión plástica de las banderas poniéndolas a media asta e incorporando-sólo en las de interior- un crespón negro colgado de la moharra o lanza del propio mástil.
Otra manera de visibilizar esta expresión de luto o dolor es a través de un complemento de nuestra ropa como es la corbata y que como tal, se convierte en un elemento de comunicación fundamentalmente por medio del color o dibujos de la misma. Así, tal como establecen las pautas sociales de etiqueta, cuando se acude a un funeral, lo adecuado es que el hombre, si viste esta prenda, ésta sea en tonos oscuros, como una muestra de respeto hacia la familia del finado, por lo que no es procedente llevarla en colores vivos y no tiene por qué ser necesariamente negra, que es la apropiada para los familiares.
Pues bien, como decimos, estos días se está debatiendo a propósito de las reticencias del Gobierno de España a declarar el luto nacional-cosa que anunció su presidente “en el momento en que la mayor parte de nuestro país esté en la Fase 1 de la desescalada”, aunque con tanto galimatías de fases por Comunidades Autónomas, ya no se sabe donde sitúa esa fase adecuada para tal declaración-.Y mientras no se apruebe el correspondiente decreto que lo formalice, su máximo representante-recuerden, el presidente-en sus comparecencias públicas-tanto en el Congreso de los Diputados como en sus semanales alocuciones televisivas-, rechaza vestir corbatas en esos tonos marcadamente oscuros, a lo más, esporádicamente, lo hace con colores livianos.
Mientras, los líderes representantes a las fuerzas políticas primordialmente del centro-derecha, esto es, Partido Popular, VOX o Ciudadanos o el propio monarca, visten corbatas apropiadas a una expresión de duelo, con lo que están patentizando un claro mensaje a la sociedad, pues reiteradamente están reclamando del Gobierno que apruebe tal declaración del luto oficial en el Estado y que ahora mismo es el único que falta, pues Autonomías, Ayuntamientos y Diputaciones ya han hecho o están haciendo lo propio.
Así pues, como comentamos, a través del mensaje que se proporciona con el uso de la corbata, se está combinando la estética y el marketing y su exhibición, en este caso concreto, está acorde con la manifestación oficial de un luto que está reclamando todo un país. Cuando esto suceda, observaremos la indumentaria de nuestros gobernantes y asistiremos a una metamorfosis.

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Ordenar las enseñas

No nos cansaremos de repetirlo. Qué poca importancia se le concede al lenguaje protocolario de las banderas. Y lo que es peor, cuánto desconocimiento existe respecto a su reglamentación, normativa y pautas protocolarias de las mismas. Pero no sólo es eso, pues incluso comprobamos como en el mismo despacho del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, más conocido por Pablo Iglesias Turrión-nos remitimos a reciente imágenes difundidas-el juego par de banderas, España y la Unión Europea, están mal colocadas o lo que es lo mismo, esta invertido su orden.
Queremos ser benévolos y pensar que alguien las movió accidentalmente, porque sería un error como una catedral que esto suceda en un despacho oficial de alto rango y donde se supone además que hay profesionales encargados de velar por estas cuestiones protocolarias. Otro ejemplo fue en el despacho del presidente del PP, Pablo Casado, donde esas dos mismas enseñas aparecieron incorrectamente colocadas en alguna ocasión-imágenes correspondientes a alguna comparecencia estos días con motivo de la situación del COVID 19-.
No dejaremos de reivindicar el uso correcto en la colocación de las banderas institucionales, dado que el mismo está sujeto a unas precedencias que están determinadas en la Ley 39/81 de 28 de octubre y sobre la que reiteradamente hablamos en esta columna debido al frecuente incumplimiento de la misma. Claro que todo esto se soluciona si el tema está en manos de profesionales o personal especializado y cualificado, como todo en esta vida. Pero es que nuestra reivindicación se fundamenta en lo de otras veces: hay que darle al uso de la bandera la relevancia e importancia que tiene y porque jamás de coloca al azar. Como hemos dicho, su ordenación está contemplada en la citada disposición legal.
Específicamente, dice en su artículo sexto: Cuando se utilice la bandera de España ocupará siempre lugar destacado, visible y de honor. Si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de España ocupará lugar preeminente y de máximo honor y las restantes no podrán tener mayor tamaño. Se entenderá como lugar preeminente y de máximo honor: cuando el número de banderas que ondeen juntas sea impar, la posición central. Si el número de banderas que ondeen juntas es par, de las dos posiciones que ocupan el centro, la de la derecha de la presidencia si la hubiere o la izquierda del observador. Aquí es donde suele surgir la interpretación errónea de la exhibición.
En cualquier caso, se trata de asumir que la colocación de banderas no responde a una decisión arbitraria, pues tienen el mismo protocolo y precedencias que rige para las personas, de ahí la importancia de respetar su orden.

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A media asta

A fuerza de parecer reiterativos, no nos queda más remedio que volver sobre el tema. Nos estamos refiriendo a la declaración de luto oficial con motivo de una desgracia, catástrofe o la pérdida de alguien que ha tenido alta representación institucional. En este caso, es una obviedad, porque se trata de expresar una señal de duelo por todos los fallecimientos que está produciendo el COVID-19 y que además supone una lamentable circunstancia que alcanza unos trágicos registros debido a una nefasta causa en periodo de paz.
Pues bien, ante tamaña desgracia, es más que indiscutible que el propio Estado, hace tiempo, debería haber declarado en todo el territorio el luto nacional, cuestión a la que se está resistiendo el Gobierno de Pedro Sánchez y sospechamos que por motivos espurios-la ministra portavoz argumentó que “es mucho más importante concentrar nuestra atención en que todo funcione correctamente”…- Pero lo que ha sucedido es que cada cual lo ha hecho o está haciendo a su libre albedrío-nos referimos a Comunidades Autónomas o Ayuntamientos-, como por ejemplo Autonomías como Madrid o Valencia. Pero la cuestión es que el protocolo del luto oficial establece que para que ondee a media asta cada bandera-estatal, autonómica o local-, previamente tiene que haber un acuerdo mediante decreto de los respectivos estamentos competenciales, Gobierno central, Comunidades Autónomas y Ayuntamiento. Algo que de un tiempo a esta parte no se está produciendo y debido a que no está regulado formalmente esta declaración y de ahí el consiguiente caos y donde viendo muchos balcones no se sabe a qué enseñas afecta el luto.
Precisamente la Asociación Española de Protocolo le acaba de enviar una carta al Director del Departamento de Protocolo de Presidencia del Gobierno, en la cual le insistía en la necesidad de consensuar la actualización de una normativa que regule dicha declaración de luto oficial “así como las situaciones y acciones de duelo nacional, de la organización de actos, exequias o funerales de estado y de aquellas indicaciones que, desde la jefatura de protocolo del Estado, puedan emanar en este sentido”. Y obviamente, se le pide que estas indicaciones han de ser, por su carácter vinculante, claras y precisas “nacidas del necesario consenso con el resto de las Administraciones autonómicas y locales” y aplicando criterios y planteamientos que no generen situaciones dispares en cuanto a su interpretación.
Como hemos comentado en otras ocasiones cuando hemos tratado este mismo asunto, esa carencia de una regulación a nivel general, es lo que conduce a esos errores de bulto respeto a la puesta en escena del luto mediante la exposición de enseñas y a cuáles les debe afectar el mismo qué hacer con las restantes. Pero al margen de la cuestión operativa o protocolaria, como antes hemos indicado, situaciones como la que estamos viviendo, requiere que nuestros dirigentes actúen con diligencia y premura y por lo memos se armonicen acuerdos y decisiones.

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