Banderas y banderas

La comparecencia en rueda de prensa por parte del presidente del Gobierno y de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, tras su encuentro oficial en la sede de esta institución, ha impactado más por las declaraciones en sí de sendos políticos, por la escenografía montada en el lugar elegido para esta aparición pública.
Veinticuatro banderas de España y de Madrid, ha sido el llamativo fondo a efectos de cortinaje, del escenario habilitado en el interior de aquellas instalaciones, moqueta roja incluida-color solemne- y dos atriles para ambos intervinientes. Una imagen que nos recuerda la parafernalia norteamericana en campañas y debates electorales y que prodiga hasta la saciedad la exhibición de la emblemática enseña de “barras y estrellas”. Al parecer, la idea de este montaje salió de Moncloa.
No es la primera vez que Pedro Sánchez hace apariciones públicas arropado por la bandera de España, lo que obviamente no deja de ser un mensaje, aunque es cierto que esta moda no la prodiga por cualquier sitio de esta España invertebrada que diría Ortega y Gasset; más que nada, por no molestar, ya que sabemos que en algunas zonas de nuestra geografía, a algunos dirigentes autonómicos le salen sarpullidos si tienen que compartir su espacio con la rojigualda y que para ellos suele ser la cenicienta que tiene que dar prioridad a otras enseñas, de menor precedencia.
Y es que en esto de exhibir la bandera de España, los mandatarios políticos se cuidan mucho de seleccionar donde hacerlo, puesto que saben, como decimos, donde puede molestar su presencia y en ocasiones, en estos sitios, optan por dar preferencia a la exhibición de la enseña autonómica, soslayando la española.
Dicho esto, se llega a la conclusión que para los políticos, el uso de la bandera es una acción o estrategia de marketing con la que transmiten en ese momento un mensaje concreto, obviando, lo que es grave, la aplicación de la Ley 39/1981 de 28 de octubre y que regula el uso de la Bandera de España y otras enseñas.

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Ejemplaridad de los cargos públicos

El Parlamento de Galicia celebró la sesión solemne de apertura de la XI legislatura donde el presidente del mismo, Miguel Ángel Santalices tuvo su habitual protagonismo con su discurso-declaración institucional y cuyo tono ha sido en la línea de su intervención hace cuatro años.
En aquella ocasión, empezaba su discurso pidiendo “que esta sea la legislatura del respeto institucional” agregando que en el ejercicio de sus funciones velaría por ello pidiendo la implicación en esta tarea por parte de todos los grupos de la cámara.
Pues bien, en su reciente intervención abriendo la nueva legislatura, instaba a los integrantes de la Cámara a “dedicar al menos tanto esfuerzo a forjar acuerdos como a escenificar las diferencias”, subrayando que “la ejemplaridad de las personas que ejercen cargos públicos se torna en una exigencia ineludible, tanto en el ejercicio de las responsabilidades que nos han sido encomendadas, como en nuestro proceder cotidiano en el ámbito privado”.
Igualmente, puso de relieve que formar parte del Parlamento de Galicia es “un honor y una responsabilidad que debería situarse por arriba de los intereses partidistas y de los postulados ideológicos en los que, legítima y democráticamente, cada cual milita”. Continuó explicando que hay que seguir esforzándose para “mudar la imagen social del Parlamento de Galicia, con el objetivo último de conseguir que los gallegos conozcan y valoren el trabajo que aquí se hace”, precisando que, “en excesivas ocasiones, la institución es percibida cómo alejada de la calle y desconectada de los problemas reales de la gente”. Enfatizó en que urgía entre todos restablecer el crédito social de las instituciones “a partir de comportamientos individuales caracterizados por la ejemplaridad, la transparencia y la honestidad, con un escrupuloso respeto al marco normativo del que nos dotamos”.
En el colofón de su declaración institucional, M.A. Santalices evocó el clima que predominaba en las sesiones del primer Parlamento de Galicia, invitando a todos los miembros de la Cámara a “inspirarnos en las formas y en el fondo de aquel Parlamento , en el que la precariedad de medios se suplía con un escrupuloso respeto a las formas, una oratoria cuidada y una permanente búsqueda del consenso, como quedó acreditado con la aprobación, por unanimidad, de buena parte del corpus legislativo sobre lo que se puso en marcha nuestro autogobierno”.
Ortega y Gasset escribió “El Parlamento es representación, mero reflejo y sombra de la realidad política exterior” y añade “el único lugar donde no está un pueblo es aquel en que está su representación”.

Nuevos tiempos, nuevos tipos de actos

Otra de las consecuencias del COVID es cómo afecta a nuestro devenir cotidiano en lo que atañe a la participación en la vida social, especialmente en el ámbito sociocultural-espectáculos como cine, teatro, conciertos, exposiciones, etc-. Las nuevas normas contempladas en eso que eufemísticamente el Gobierno ha denominado “nueva normalidad”-que no deja de ser una absoluta redundancia-, obligan a una serie de medidas de índole profiláctica o preventiva que condicionan la organización y celebración de esos eventos.
De esta manera, hay que considerar una serie de circunstancias en cuanto a la gestión de actos abiertos al público y todavía más en función de si éstos se celebran en espacios cerrados o al aire libre contemplando las medidas de distanciamiento de seguridad en salas, pabellones y espacios de acuerdo al aforo definido y delimitando zonas entre pasillos para la circulación de asistentes. Lo mismo en cuanto a prever colas de acceso que estarán debidamente marcadas y en ocasiones disponiendo de catenarias o cintas separadoras y en algunos casos la implementación de sistemas de conteo de personas y control de acceso-tanto automáticas como manuales-.
Es obvio, por otro lado, que los asistentes a cualquier acto, han de disponer a la vista de las normas que han de observar en todo momento y sobre todo las que son obligatorias como sucede con las mascarillas y advirtiendo a propósito del cumplimiento de los protocolos de higiene y distancia de seguridad y la aplicación del derecho de admisión para el supuesto del incumplimiento de dichos protocolos.
Y si ese acto incluye un servicio de catering, también su operativo está pautado, pues debe prestarse en condiciones de seguridad, evitando la presentación a granel de los productos o cualquier forma de disposición que no evite el contacto entre participantes recomendándose el formato en porciones individuales, productos estuchados o empaquetados; cafés e infusiones servidos en vasos desechables cerrados dentro de un buffet atendido por personal.
Los nuevos tiempos postcovid contextualizan cualquier evento cuando es presencial, pues limitan aforos que condicionan la propia naturaleza del mismo y el público asistente tiene que participar mentalizado respecto a que debe observar una serie de pautas preventivas y que en muchos casos afectarán a su relación intersocial con otras personas. Digamos que condiciona la propia calidez intrínseca del acto.
Es indudable que necesariamente será una etapa de transición que no se sabe por cuanto tiempo se va a prolongar, pero mientras tanto, es preciso que cada uno respete estas nuevas normas y pautas sociales de convivencia.

Realeza y monarquía

La monarquía española y de paso también la realeza, nuevamente está atravesando por una situación controvertida como sucedió en su momento con el procesamiento del Duque de Palma y esposa de la Infanta Cristina. Ahora el punto de mira está en el padre del actual soberano, don Juan Carlos y debido a su decisión de irse a vivir fuera de Zarzuela-y de España- a causa, tal como él mismo dejó constancia en la carta enviada a su hijo “de la repercusión pública de «ciertos acontecimientos pasados» y justificando que “he sido rey de España durante casi cuarenta años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la Corona».
La “convulsión social” ha surgido por el tremendo efecto mediático de esta determinación cuestionando la misma y convirtiéndola en un debate nacional, con sus detractores y sus partidarios. El propio rey honorífico anunciaba que se ponía a disposición de Fiscalía «para cualquier trámite o actuación que considere oportuna», que investiga el posible cobro de comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca a empresas españolas.
Y esta circunstancia ha conducido a que se visibilicen algunas posturas críticas que reclaman que el anterior soberano renuncie a sus privilegios, entre ellos los protocolarios y de dignidad del cargo. Aunque conviene recordar que Don Juan Carlos de Borbón, padre de Felipe VI, continua vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona en el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo y que está recogido en el RD 470/2014 de 13 de junio y que modifica el 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes y en cuanto a su prelación en el ordenamiento protocolario tanto el monarca honorífico como su esposa, se sitúan a continuación de los descendientes del actual rey.
Volviendo a la carta que don Juan Carlos le envió a su hijo justificando su decisión de abandonar la morada real, asevera en ella que “Mi legado y mi propia dignidad como persona así me lo exigen». Y por su parte Felipe VI destacó la importancia histórica que representa el reinado de su padre, “como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia” y al mismo tiempo reafirmado los principios y valores sobre los que ésta se asienta “en el marco de nuestra Constitución”
Mientras, Unidas Podemos proyecta una proposición de ley orgánica que regule todos los aspectos relacionados con la Jefatura del Estado, incluyendo un método legal para inhabilitar a Felipe VI.
Pese a lo que a muchos les cueste asumir, en España tenemos monarquía parlamentaria representativa en la que “el rey simboliza la unidad y permanencia del Estado, como titular de un poder moderador del funcionamiento de las instituciones democráticas”, dixit DRAE.

Nuevos parlamentos

Galicia y País Vasco han constituido sus respectivos parlamentos autonómicos. Hasta aquí ambas noticias coinciden, pero donde no lo han hecho ha sido en la forma de asumir sus funciones, pues los vascos lo hicieron sin acatar la Constitución ni ninguna otra invocación reglamentaria y como único trámite protocolario ha sido acceder al escaño previa convocatoria de su nombre, sin más parafernalias.
Cosa distinta acaeció en el Pazo do Hórreo donde los diputados cumplieron, eso si cada uno a su manera, con el procedimiento de jurar o prometer el cargo e incluso alguno lo hizo con ambas opciones, como le sucedió al nuevamente reelegido presidente de la Cámara autonómica, Miguel Angel Santalices, quien en primera instancia prometió su cargo a continuación corrigió para jurarlo.
El titular de la Xunta optó por la promesa que también utilizaron la mayoría de los diputados, aunque los nacionalistas, fieles a sus convicciones, hicieron uso de sus “recursos habituales” para justificar el “imperativo legal”, añadiendo en esta ocasión «me comprometo a ser fiel a Galicia y a defender los derechos nacionales y sociales de las gallegas y los gallegos y su libertad». Y como complemento, el ya tradicional ejemplar de Castelao “Sempre en Galicia” que es como su catecismo de cabecera y también la aportación de un clavel por parte de los representantes del BNG y la rosa por los diputados socialistas.
Resulta incongruente que se constituya una Cámara autonómica sin asumir los preceptos legales que la han creado, como son los contenidos en la Carta Magna que contempla la Organización Territorial del Estado y la conformación de su autogobierno con arreglo a sus respectivos Estatutos como norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma e integrados en su ordenamiento jurídico. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte, hay algunos gobiernos autonómicos que se olvidan que forman parte del sistema de poder y se olvidan que funcionan porque la Constitución los reconoce.
Por lo demás, la constitución de ambas instituciones estuvo caracterizada por la nueva imagen a que obliga las medidas preventivas del COVID-restricciones de saludos nada efusivos, tribuna sin público, los privilegiados estaban siguiendo el proceso en salas auxiliares, botes de gel hidroalcohólico, mascarillas, desinfección por parte del personal de limpieza de la Cámara…y la separación de los escaños mediante unas mamparas transparentes que no dejan de ser una barrera a la hora de condicionar la comunicación entre los parlamentarios.

Ceremonia de simbolismos

La plaza de la Armería del Palacio Real fue el escenario institucional donde se celebró el “Homenaje de Estado a las víctimas de la coronavirus y de reconocimiento a la sociedad”, tal como rezaba en la invitación oficial. Implícitamente este reconocimiento era a los colectivos que le han hecho frente a esta pandemia en primera línea.
El acto fue presidido por el rey y en el mismo participaron representantes de instituciones, partidos-no estaban todos- y otros invitados. El presidente del Gobierno recibió a la Familia Real y a continuación se dirigieron a la línea de saludo para cumplimentar a las altas autoridades allí presentes. Saludo obviamente gestual, sin contacto físico como marcan las normas de cortesía y adaptándose a las pautas profilácticas del COVID.
Ha sido una ceremonia a la que se le quiso imprimir un carácter civil, laico y pletórica de simbolismo con un planteamiento sobrio y una arquitectura social muy peculiar, exenta de rimbombancias y evitando significados que pudieran suscitar otras interpretaciones. No vamos a polemizar respecto a cómo se generó la invitación oficial que cursó el propio Gobierno e incluso el formato del texto que poco tiene que ver con una redacción estandarizada tradicional: “El presidente del Gobierno transmite su deseo de compartir con…” y donde comunicaba que el acto iba a estar presidido por Su Majestad el Rey. Como tampoco matizar si fue correcto o no que invite el titular del Ejecutivo a un evento que preside el monarca y que se celebra “en su casa”…
Se montó una escenografía con una sobriedad en la estética-montaje de las sillas, de plástico blanco y sin estar vestidas, en círculo rodeando el pebetero central con la llama en honor de las víctimas y ubicado sobre una plataforma y en sus ángulos un discreto ornato floral verde, dos líneas de banderas de España y de todas las Comunidades Autónomas y el atril con el escudo de la Casa Real y la mayoría invitados con mascarillas oscuras, aunque algunos las portaban menos austeras y con logos o dibujos.
Y sobriedad en el desarrollo de la misma con la interpretación del himno nacional por la orquesta y coro de RTVE-otra opción hubiera sido, por ejemplo, la banda de música de la Guardia Real, pero el Gobierno prefirió mantener el espíritu “civil” del evento-, encendido de la llama, la ofrenda floral junto al pebetero, intervenciones por parte un representante en nombre de las víctimas y de los colectivos que han estado en primera línea de asistencia y finalmente la alocución del soberano.
Cosa distinta ha sido la misa en memoria de las víctimas convocada por la Conferencia Episcopal y a la que también asistieron los Reyes y que obviamente no tenía rango de “funeral de Estado” dada la entidad convocante.
El Gobierno ha optado por una ceremonia sin exaltaciones políticas de las que últimamente estamos sobrados debido al exceso de teatralidad y gestualidad por parte de nuestros representantes públicos. De hecho se produjeron imágenes inusuales, como la presencia del presidente de la Generalitat, quien accedió al lado de los flamantes reelegidos titulares de los gobiernos gallego y vasco. Y usual como al líder podemita con traje pero sin corbata, no sea que se vayan a romper moldes.

Situaciones embarazosas

En ocasiones, en nuestras relaciones convivenciales, podemos encontrarnos en situaciones “sociales” embarazosas. Seguro que más de uno mientras lee esto, estará rememorando esos momentos “incómodos” y que para quien quiera dejar buena imagen ante los demás, a buen seguro que lo recuerda con sonrojo.
No obstante, hay otras personas que las protagonizan con tanta naturalidad que no sienten ningún ridículo y que además incluso puede llegar a convertirse en un actor consuetudinario de tales escenas sociales. Y con esto del COVID, ya hemos comentado anteriormente que estamos obligados a relacionarnos con los demás mediante otros usos concernientes a nuestro lenguaje gestual.
Y si no, que se lo digan al propio Felipe VI, quien con motivo del pasado acto institucional de escenificación de la reapertura de fronteras entre España y Portugal celebrado en Badajoz, siguiendo los instintos sociales, nada más bajar del coche se encontraba esperándole el presidente del Gobierno y a quien le iba a saludar con la mano, pero al darse cuenta de las “restricciones sociales” corrigió el movimiento, mientras el jefe del ejecutivo permanecía con la manos detrás del cuerpo mientras le explicaba que no podía corresponderle a su saludo. Más que nada por cuestión profiláctica antes que protocolaria o de cortesía.
Además, la justificación de estas nuevas maneras sociales de evitar el saludo tradicional, ha servido de excusa para que los mandatarios participantes iniciasen la conversación de bienvenida nada más encontrarse.
Y por cierto, que en ese mismo acto Pedro Sánchez tuvo como “asesor de protocolo” al mismísimo Felipe VI, pues cuando iban a posar para la foto oficial en la alcazaba, el rey corrigió la posición de aquel para que pasase a un lateral de la formación, dado que éste quiso que en el centro de la misma se situasen el presidente de la República portuguesa y el primer ministro luso, entendemos que como un gesto de cortesía por parte del anfitrión hacia sus invitados.
Y otro dato ceremonial producido en este acto y que se está repitiendo hasta la saciedad, es que la “línea de saludos” donde la máxima autoridad es recibida por otras personalidades, obvia el apretón de manos y se sustituye por una inclinación de cabeza. Es el nuevo protocolo COVID que está mudando los hábitos sociales evitando cualquier expresión de cortesía mediante contacto físico.

Banderas y pancartas

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina “que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.
Esta determinación, que anuló el acuerdo del pleno municipal de Santa Cruz de Tenerife que reconocía la bandera de las siete estrellas verdes como la oficial de Canarias y acordando su enarbolamiento en un lugar destacado del Ayuntamiento, deja claro que no se puede colgar ninguna enseña en fachada alguna de Casas Consistoriales aunque bien puede extenderse a cualquier edificio público.
Esta es una vieja polémica, pues desde hace tiempo es usual que se utilicen las fachadas de estos inmuebles para exhibir enseñas o pancartas reivindicativas o con mensajes. La cuestión está en que una cosa es una bandera izada en un mástil, y otra un elemento tipo pancarta colgado desde una ventana o balcón. Y aquí radica la diferencia entre una enseña “oficial” y un cartel de medidas no estandarizadas que se expone al público desde la fachada de ese edificio institucional.
Como quiera que dicha sentencia (564/2020) se refiere a banderas oficiales, ahí surgen las interpretaciones subjetivas y más aún cuando el Defensor del Pueblo ha comunicado que las “banderas” que representan a colectivos y movimientos sociales y colectivos no se ven afectadas. Y como decimos, no es lo mismo una “bandera” como tal que una pancarta y no es lo mismo que ésta se cuelgue de un mástil del balcón o que penda desde una ventana u otro lugar de la fachada.
Mientras tanto, entre dimes y diretes, con motivo de la reciente celebración del día del Orgullo Gay, unos Ayuntamientos exhibieron el símbolo arcoíris y otros optaron por no hacerlo, ante dicha sentencia del Tribunal Supremo.
La cuestión es que la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas precisa en su artículo tercero que “la bandera de España será la única que ondee y se exhiba en las sedes de los órganos constitucionales del Estado y en la de los órganos centrales de la Administración del Estado” y junto a ella las demás enseñas consideradas oficiales. Más claro, agua. Por eso, la exhibición de cualquier otra que no tenga esta calificación como tales, implica una vulneración flagrante de la propia ley.

Los méritos del emérito

Parece que el retiro del Rey don Juan Carlos I está siendo más movido de lo previsto. El padre de nuestro soberano está focalizando la atención de una parte de la clase política que está empeñada en retirar las imágenes del monarca que descansan en instituciones públicas. Nos estamos refiriendo a lo sucedido en el Parlamento de Navarra -Sala de Gobierno del Legislativo foral-, después de que la Junta de Portavoces aprobase una declaración presentada por Izquierda-Ezkerra para su retirada.
Pero todavía más, la portavoz de EH Bildu en el Congreso anunciaba que su grupo parlamentario solicitará la retirada de todos los retratos y estatuas del Rey Juan Carlos que haya repartidos en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.
Y menos mal que la Mesa del Congreso rechazó la tramitación de la solicitud presentada por Unidas Podemos y otros partidos nacionalistas para investigar “posibles delitos” del anterior monarca, tras su abdicación. Se fundamenta esta decisión en el informe de los letrados del Congreso que oponía a cualquier indagación sobre las actividades de Juan Carlos I “ya que, aunque desde 2014 no sea inviolable, los hechos que se quieren analizar derivan de sus actuaciones cuando era jefe del Estado”.
Así pues, este ilustre miembro de la Familia Real no puede disfrutar de los beneficios que implican un retiro o una jubilación. “Creo que ha llegado el momento de pasar una nueva página en mi vida y de completar mi retirada de la vida pública” le escribía a su hijo, Felipe VI, en la carta que le dirigió con motivo de su “jubilación oficial”. Su situación parece más propia de un emérito que de un honorífico, considerando lo primero como “una persona que se ha jubilado y mantiene sus honores y alguna de sus funciones”, mientras que lo segundo define “enaltecer o premiar el mérito de alguien”.
Tanto Juan Carlos I como su esposa, mantienen vitaliciamente el título de rey y reina con carácter honorífico, tal como se recoge en la modificación del Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes y donde asimismo se especifica que recibirán tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias. Incluso se expresaba gratitud “no es sino la forma de plasmar la gratitud por décadas de servicio a España y a los españoles”.
La Corona atraviesa tiempos convulsos a tenor de las acciones de determinadas fuerzas políticas poco o nada constitucionalistas. Bueno, ya hasta se han liberado sanciones por “ultrajar” una imagen de los soberanos.

Normalidad, tal cual

Es indudable que esta pandemia del COVID no sólo está dejando huellas sanitarias, sino también sociales, económicas y…lingüísticas. Durante este periodo de tiempo que llevamos transcurrido desde que los ciudadanos estamos condicionados al modo de vivir que está provocando aquella y consecuentemente asistimos a un periplo de innovaciones con el que tenemos que convivir y que otros nos pautan.
En concreto y en relación con los “inventos” del nuevo “lenguaje covid”, el Gobierno se ha empecinado en introducir en nuestra conversación cotidiana, expresiones como “nueva normalidad”, “desescalada” o “cogobernanza”, amén de otras cuyo significado resulta más inteligible y que se prodigan tanto en medios de comunicación como entre ciudadanos y aparte de la nefasta palabra pandemia, proliferan: fases, confinamiento, movilidad, distancia social, rebrote, asintomático, contención, contagio, asimétrica, restricciones, vulnerables, flexibilidad…
En relación con la “nueva normalidad”, de la que ya disfrutamos en Galicia, se nos antoja como una redundancia. La normalidad siempre es normalidad, ya sea nueva o vieja. Si nos acogemos a lo que se dice en el DRAE “Cualidad o condición de normal. Volver a la normalidad”. Por ello, es obvio que le sobra lo de “nueva”. Se trata tan sólo de volver y en ello está que nos depare lo mismo que antes de la pandemia, cada cual con su vida laboral o profesional, social, convivencial… “Es importante que así sea, que el Gobierno de España y su Ministerio de Sanidad tomen las decisiones para garantizar un proceso de transición a la nueva normalidad coherente en toda España”, así se recoge en el “Plan para la transición hacia una nueva normalidad” elaborado por el Gobierno y fechado el 28 de abril. Sin embargo, en el mismo texto luego se explica “la incorporación de criterios sociales en la toma de decisiones es importante para limitar las posibles consecuencias negativas que la enfermedad, las medidas de confinamiento y la recuperación progresiva de la normalidad, puedan tener en determinados colectivos particularmente vulnerables”. Pues eso mismo, prevalece recuperar la normalidad sin necesidad de que sea nueva.
Y luego están los “palabros” que no reconoce ni el DRAE como tales expresiones: desescalada y cogobernanza. Si lo consultamos ya se nos dice que tales palabras “no están en el diccionario”. Textualmente “el Gobierno de España coordinará el proceso de transición a la nueva normalidad, el denominado proceso de desescalada” y también que “el estado de alarma incorpora la ‘cogobernanza’ en la gestión de la desescalada con las comunidades autónomas”. Buceando en el ciberespacio, se traduce más o menos como “interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, y para construir las instituciones y normas necesarias”.