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Una práctica institucional no regulada

Cada vez que se declara un luto oficial, ocurre lo mismo: confusión en cuanto a interpretación de cómo cumplirlo. Le corresponde a las instituciones del Estado, empezando por la más alta instancia que representa el Gobierno de la nación, la resolución de declararlo mediante la oportuna disposición y que, en el caso del propio Estado, es a través de un real decreto. Para que tenga carácter oficial la declaración de dicho luto, es necesario que el Gobierno lo haga mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Hasta aquí todo parece obvio. Pero lo que no lo es tanto es la forma de interpretar la ejecución de esta determinación, dado que la misma carece de una regulación específica que defina cómo debe asumirse tal declaración y que por costumbre general, se manifiesta a través de las banderas oficiales. Y aquí surgen las confusiones, como en otra ocasión también ya habíamos comentado. Y volvió a repetirse con motivo del fallecimiento del ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. El Gobierno aprobó un RD cuyo texto rezaba “Se declara luto oficial desde las 20 horas del día 10 de mayo hasta las 24 horas del día 11 de mayo, durante el cual la Bandera Nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada”. Pero no todas las instituciones cumplieron lo decretado. ¿Síndrome del fin de semana?. O lo que es lo mismo, que haya un funcionario responsable de guardia que se ocupe de estos menesteres…
Cuando el Gobierno acuerda tal declaración, afecta a la enseña nacional. Si se respetan los usos, las Comunidades autónomas tendrían que hacer lo propio con el luto de la bandera autonómica y los Ayuntamientos con las locales. Pero lamentablemente no funcionan así las cosas y cada cual gobierna su casa como le apetece y aquí es donde surgen las divergencias y las erróneas interpretaciones. Pero como hemos dicho antes, la cuestión es que no está reglamentada tal declaración.
La costumbre establece que se deje a media asta la bandera objeto de dicha declaración oficial de luto y las demás o bien se retiran o se recogen sobre sí mismas. Y en cuanto al crespón, hay que recordar que únicamente debe colocarse en las enseñas de interior. Pero también sobre esto hemos visto de todo, como por ejemplo que en cierta ocasión el Gobierno decretó un “luto nacional” y en vez de insertar la disposición en la gaceta oficial, lo hizo mediante el envío de una nota por parte de la Secretaría General de Presidencia…

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Una bandera de todos

Nuevamente manda la actualidad y traemos a colación las palabras de nuestro soberano y en este caso, las pronunciadas con motivo de su discurso de la Pascua Militar, ceremonia profundamente enraizada en el ámbito castrense y que se remonta al reinado de Carlos III-6 de enero de 1782- y que se celebró el pasado domingo en el Palacio Real.
Nuestra referencia se fundamenta en el mensaje que dejó patente: unidad e integración expresada a través de un símbolo tan chauvinista como es nuestra bandera. “Una bandera, regulada en el Art.4 de la Constitución, que simboliza al conjunto de nuestra Nación y que es signo de su soberanía e independencia, de su unidad e integridad”, afirmó Felipe VI, quien contextualizó su alusión recordando que el pasado año, se conmemoró el 175 aniversario “de la extensión a todos los cuerpos del Ejército, durante el reinado de Isabel II, del uso de nuestra enseña nacional, establecida para la Armada por el Rey Carlos III desde 1785, ratificándola así definitivamente como bandera de España”.
Y abundó sobre el significado de este incuestionable símbolo de España: “Una bandera de todos, cuyo escudo es reflejo de nuestra historia y diversidad, y que representa también nuestra confianza en el futuro, nuestro deseo de seguir construyendo una sociedad libre y democrática, de acuerdo con los principios recogidos en nuestra Constitución, aprobada por los españoles en 1978”. Y enlazó con otra importante efemérides como ha sido el 40 aniversario de nuestra Carta Magna. Y concluyó “Apoyados en los valores que emanan de nuestra Constitución, con el espíritu de compromiso y servicio permanente que nos une a nuestra Patria”.
Obviamente, no es la primera vez que nuestro soberano en sus comparecencias públicas hace hincapié en la unidad de España y en el respeto a esa Constitución cuyo propósito no es otro que garantizar la convivencia democrática dentro del marco de la misma y de las leyes conforme a un orden económico y social justo y consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, dado que se fundamenta en la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
La alusión del soberano a un símbolo tan importante como es la enseña nacional, es, como decimos, un patente mensaje de la necesidad de que nuestra España se aglutine en torno a un elemento unificador como es una representación vexilológica rojigualda y que convive en armonía con el resto de las banderas de nuestras Autonomías, tal como contempla la Constitución.
Una sociedad que respeta sus símbolos, incluyendo el himno nacional, es una sociedad madura cuyos individuos están capacitados para esa convivencia y entendimiento al que también hacía referencia nuestro Rey en su pasado mensaje de Navidad.

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Orgullo de bandera

Este año celebramos el 175 aniversario de la bandera de España, la que conocemos también por la “rojigualda”. Desde Carlos III hasta Isabel II, se afrontó la “trazabilidad” del diseño de nuestra enseña nacional. Y todo motivado por cuestiones de “visibilidad”, pero no tal y como ahora lo entendemos cuando se habla de “visibilizar” algo, sino por motivos de identificación de navíos en ultramar y evitar desafortunados percances y accidentes navales, descargas de troneras incluidas.
Finalmente, un 13 de octubre de 1843, la hija de Fernando VII firmó el real decreto donde decía que “la unidad de la monarquía española y la actual organización del Ejército y demás dependencias del Estado exigen imperiosamente desaparezcan todas las diferencias que hasta ahora han subsistido” y dictaba que banderas, estandartes y escarapelas debían adoptar los colores rojo y amarillo.
Precisamente en el pasado desfile del 12 de octubre a continuación de las banderas de las unidades participantes, también se exhibieron las réplicas históricas de Coronela ´Guardias del Rey` (Reinado de Felipe IV);Estandarte Real correspondiente al reinado de Carlos III, perteneciente al regimiento ´Palma 47; Bandera de la Armada del Reinado de Carlos III (1ª Bandera con los colores actuales); Bandera del Regimiento Infantería ´Príncipe` nº3 (Reinado de Isabel lI); Bandera de la Academia General Militar (Reinado de Alfonso XII) y Enseña del Regimiento Infantería ´Tercio Viejo de Sicilia` 67 (Reinado de Juan Carlos I / Felipe VI).
Nuestra bandera no pasa precisamente por su mejor momento, pues es denostada por algunos sectores sociopolíticos de la sociedad y porque no siempre goza del protagonismo que se merece como tal símbolo representativo del Estado. Cuando no es ultrajada en público, es obviada cuando debe exhibirse por obligatoriedad legal. Es nuestra enseña madre que acoge a su lado, como se conoce en la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España, al resto de símbolos vexilológicos que representan a las Autonomías españolas y demás instituciones públicas.
Como decimos, un símbolo incuestionable como la bandera del Estado está siendo cuestionado desde determinadas instituciones oficiales que, como tales, pertenecen al propio Estado y ya saben a cuáles nos estamos refiriendo. Se cuestiona cuando no se exhibe. Se cuestiona cuando se quema en público. Se cuestiona cuando aparece en alguna fachada de algún edificio en estado lamentable, en deterioro. Todas estas circunstancias implican lógicamente un mensaje que quieren transmitir sus impulsores. Sencillamente, están diciendo que reniegan de los colores de la “rojigualda”. Menos mal que su historia se remonta a 175 años por los que pasó por diversas vicisitudes políticas y a pesar de ello, ha prevalecido, al margen de diseños temporales como durante la Segunda República donde su tercera franja fue cambiada por el morado.

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Con la corona a vueltas

De un tiempo a esta parte, nuestra Corona o si se prefiere, nuestra Monarquía está teniendo bastante impacto mediático pero no por mor de las actividades inherentes a la misma, sino suscitado desde estamentos políticos.
A la propuesta de resolución aprobada por el Parlament de Cataluña por la cual “rechaza y condena el posicionamiento del rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán” y “reafirma el compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la Monarquía”, hay también que añadir, y en la misma línea, la aprobación por parte del Ayuntamiento de Barcelona de una declaración que aboga por “la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía” y al tiempo desaprueba al monarca.
Otra vuelta de tuerca ha sido cuando el pleno del Congreso de los Diputados aprobó iniciar la tramitación de la proposición de ley orgánica de la reforma del Código Penal para “la protección de la libertad de expresión” y que promovió, cómo no, esa mezcolanza de grupos conocidos como Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea… Tiene como objetivo derogar los delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, contra la Corona, “las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas” y las injurias al Gobierno y a otras altas instituciones del Estado. O sea, vía libre para dar rienda suelta a ataques, obviamente verbales, contra las instituciones del Estado. Ultrajes y ofensas de palabra. Menos mal, podía ser peor. Sin palabras, coherentes claro.
Para los proponentes, esos delitos de oprobio tal y como están ahora tipificados “no tienen cabida en un sistema democrático y plural”. Qué van a decir, los consideran “tipos penales totalmente obsoletos” En algo tienen que sustentar su falaz argumentario. Pero hacen singular hincapié en la Corona: “Delitos contra la Corona, recogidos en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal. Esta especial protección de la más alta institución política del país, en cuanto que ostenta la Jefatura del Estado, constituye un verdadero ataque contra la libertad de expresión. En un sistema democrático cuanto más poder tiene una institución mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía. De otra manera no se entiende la libertad política ni la democracia”.
Y luego nos extrañamos que una diputada navarra podemita se refiera a nuestro actual monarca como Felipe IV o que el mismísimo presidente del Gobierno, en una reciente comparecencia en el Congreso, le llamase Felipe II. Han recuperado a los Austrias dirigiéndose a un Borbón.
La cuestión es que nunca la Corona ha estado tan a flor de piel entre la clase política. Y menos mal que nuestra cumpleañera constitución consagra en su artículo primero que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, esa misma que recordó el otro día la Princesa de Asturias cuando lo leyó, por primera vez en público. Eso precisamente es lo que les molesta a algunos representantes públicos cuyo sueldo procede de las arcas del Estado, ese mismo al que constantemente atacan.

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Simbología del poder

Necesariamente tenemos que volver a hablar de las ceremonias de toma de posesión. Y lo hacemos porque acabamos de asistir a dos actos institucionales totalmente distintos, aunque con idéntico fin: asumir responsabilidades de un cargo oficial.
Uno de ellos se celebró en la Casa Real protagonizado por Pedro Sánchez quien asumió las funciones de presidente del Gobierno de España. Utilizó la fórmula contemplada en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, pero cambió la puesta en escena, pues por primera vez en una ceremonia de este tipo, el presidente, que prometió el cargo, pidió que se retirase tanto el crucifijo como el ejemplar de la Biblia, y lo hizo únicamente ante un tomo de la Constitución- facsímil de la editado por las Cortes Generales en 1980, abierto en el artículo 62-. Hasta ahora, todos los anteriores presidentes de la democracia cumplieron con esta ceremonia, hayan jurado o prometido, incluyendo los socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, pero manteniendo los citados símbolos religiosos sobre la mesa instalada en el salón de audiencias de la Zarzuela y en concreto la Biblia que permanece abierta por el “Libro de los Números”, donde se habla de “Las leyes sobre los votos”.
Precisamente desde julio de 2014, tras la proclamación de Felipe VI, la Casa del Rey acordó dar la opción a los altos cargos de jurar o prometer ante la Biblia y la cruz o sin ellas delante, para dar cumplimiento a lo establecido en el ordenamiento constitucional en materia de libertad religiosa. Y Pedro Sánchez no sólo se acogió a esta opción, sino que ha sido coherente con el contenido del programa electoral de su partido, que contempla que la toma de posesión o promesa de cargo se hagan únicamente ante la Constitución y que los actos de Estado sean de carácter civil.
Y ese mismo día, a más de 600 kilómetros de la Casa Real, tomaban posesión-por decir algo que se entienda-los nuevos miembros del gabinete de la Generalitat catalana. Lo hacían no sólo incumpliendo la Ley 39/81 de 28 de octubre, porque sólo aparecía la bandera de Cataluña sin la presencia, como es obligada, de la de España, sino que pasaron del decreto 707 antes citado y se inventaron una fórmula a imitación de su presidente, “con lealtad al presidente de Cataluña” y al servicio de esta Comunidad que otros quieren convertir en República. Fue una representación llena de simbolismo-lazo amarillo sobre una silla incluido- hacia sus reivindicaciones supremacistas, antes que una ceremonia protocolaria…donde nadie se comprometió ni ante la Constitución ni ante la lealtad a la Corona. Quizás por eso el cuadro del Rey estaba solapado tras una tela.

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¿Protocolo o desdén?

El acto de toma de posesión- que no puede en este caso tildarse de “ceremonia”- de Quim Torra como nuevo presidente de la Generalitat, ha tenido más tintes de agravio o desdén hacia el sistema, llamado éste Estado, que un trámite institucional mediante el cual asume de pleno derecho las funciones conferidas en el cargo.
Porque no sólo no ha tomado posesión cumplimentando la fórmula ritual contenida en real decreto707/1979, de 5 de abril para de juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o funciones públicas, sino que en el lugar donde se llevó a cabo- Salón de la Verge de Montserrat-el único símbolo que allí estaba era la bandera de Cataluña, cuando la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España obliga-artículo cuarto- a que ambas se exhiban juntas. Pero esta circunstancia ya sabemos que desde hace mucho tiempo implica un permanente incumplimiento de la norma por parte del gobierno catalán. Pero como no pasa nada, pues eso, pelillos a la mar. Qué desolación.
“Prometo cumplir lealmente con las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat, en fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña, representado en el Parlament”, esta fue la lacónica frase que pronunció después la lectura del decreto de su nombramiento en presencia de titular de la cámara autonómica y sin necesidad de que nadie, como es la práctica, le leyese la fórmula con las preguntas de rigor. Tenía más visos de spot publicitario-además por la escueta duración- que de un acto institucional. Lo de la publicidad es porque el nuevo presidente-lo mismo que el titular del Parlament- exhibían sendos lazos amarillos en sus solapas…aunque el de este último, más discreto. Y por otro lado, la medalla que representa el cargo, ha permanecido en la mesa encima de un cojín…suponemos que esperando que en algún momento aparezca Puigdemont y se la coloque, ya que esta función de transferencia de poder le corresponde al anterior presidente. Claro que también aquí tampoco parece estar muy claro quién es el president.
Y mientras tanto, qué hizo el Gobierno español…sencillamente, no comparecer en ese acto-pantomima, argumentando que “el modelo de acto por el que finalmente se ha optado degrada la propia dignidad de la institución” y que “desde la Generalitat se le había intentado imponer el nivel de la delegación gubernamental, cosa que no aceptó”.
Vaya, qué mala suerte. Parece que otra vez se ha metido el Protocolo por medio y por cuestión de precedencias no hubo acuerdo. Ironía sarcástica, pero al final, todo esto, no deja de poner de manifiesto que a nuestra clase política, le sigue faltando clase.

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Efigie por obligación

El Ayuntamiento de Barcelona tendrá que reponer la imagen del Rey-en este caso Felipe VI-, en virtud de una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 que obliga al mismo a colocar el retrato del rey «en un lugar preferente y de honor de su salón de plenos». Recordarán que en el 2015 se había retirado de dicho lugar un busto del rey Juan Carlos, entonces con la justificación de cambiarlo por el de su sucesor… hasta hoy.
Los políticos no pueden actuar movidos por caprichos. Es más, tienen la inexcusable obligación de acatar lo que dictan las leyes, ya que ellos mismos, en función de su cargo, son garantes de ese cumplimiento y cualquier vulneración obviamente conlleva un desacato y consecuentemente, una flagrante alteración del cumplimiento con el deber adquirido cuando toma posesión, cuya fórmula ya le obliga a “cumplir fielmente las obligaciones del cargo”… y “guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado”. Y la Carta Magna es el gran marco de nuestras leyes.
Dicho esto, que parecen olvidar bastantes representantes públicos que sólo asumen un poder para ejercerlo en un plató de televisión antes que en un foro institucional, como en el caso de Ada Colau es un Ayuntamiento, la ubicación de la imagen del jefe del Estado viene obligada por el artículo 85.2 del Real Decreto 2568/1986 y que establece que “En lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la efigie de S. M. el Rey”, como le recuerda la resolución judicial. Habla de “efigie”, sin especificar busto o retrato. Los munícipes de la Ciudad Condal “contraargumentan” que el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) de 2015 amparaba al pleno “para decidir la representación de elementos simbólicos e institucionales presentes con carácter permanente en el Salón de Sesiones”, pero la sentencia subraya que “las normativas municipales no pueden ignorar la primacía de las leyes estatales sobre los reglamentos aprobados por los entes locales”. Lo dicho, que no se puede legislar siguiendo la cultura ideológica del político de turno.
Pero a la postre, esto es también lo que viene sucediendo en relación con la colocación de la bandera de España- obligada por Ley 39/1981, de 28 de octubre-, y que como repetidas veces hemos comentado, se está vulnerando constantemente, y principalmente en Cataluña, y a pesar de denuncias o resoluciones, cada cual campa a sus anchas, con total impunidad, como si se tuviese una patente de corso. Bueno, más bien de pirata, porque a fin de cuentas, los corsarios tenían mejor predicamento e imagen.

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