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A media asta

A fuerza de parecer reiterativos, no nos queda más remedio que volver sobre el tema. Nos estamos refiriendo a la declaración de luto oficial con motivo de una desgracia, catástrofe o la pérdida de alguien que ha tenido alta representación institucional. En este caso, es una obviedad, porque se trata de expresar una señal de duelo por todos los fallecimientos que está produciendo el COVID-19 y que además supone una lamentable circunstancia que alcanza unos trágicos registros debido a una nefasta causa en periodo de paz.
Pues bien, ante tamaña desgracia, es más que indiscutible que el propio Estado, hace tiempo, debería haber declarado en todo el territorio el luto nacional, cuestión a la que se está resistiendo el Gobierno de Pedro Sánchez y sospechamos que por motivos espurios-la ministra portavoz argumentó que “es mucho más importante concentrar nuestra atención en que todo funcione correctamente”…- Pero lo que ha sucedido es que cada cual lo ha hecho o está haciendo a su libre albedrío-nos referimos a Comunidades Autónomas o Ayuntamientos-, como por ejemplo Autonomías como Madrid o Valencia. Pero la cuestión es que el protocolo del luto oficial establece que para que ondee a media asta cada bandera-estatal, autonómica o local-, previamente tiene que haber un acuerdo mediante decreto de los respectivos estamentos competenciales, Gobierno central, Comunidades Autónomas y Ayuntamiento. Algo que de un tiempo a esta parte no se está produciendo y debido a que no está regulado formalmente esta declaración y de ahí el consiguiente caos y donde viendo muchos balcones no se sabe a qué enseñas afecta el luto.
Precisamente la Asociación Española de Protocolo le acaba de enviar una carta al Director del Departamento de Protocolo de Presidencia del Gobierno, en la cual le insistía en la necesidad de consensuar la actualización de una normativa que regule dicha declaración de luto oficial “así como las situaciones y acciones de duelo nacional, de la organización de actos, exequias o funerales de estado y de aquellas indicaciones que, desde la jefatura de protocolo del Estado, puedan emanar en este sentido”. Y obviamente, se le pide que estas indicaciones han de ser, por su carácter vinculante, claras y precisas “nacidas del necesario consenso con el resto de las Administraciones autonómicas y locales” y aplicando criterios y planteamientos que no generen situaciones dispares en cuanto a su interpretación.
Como hemos comentado en otras ocasiones cuando hemos tratado este mismo asunto, esa carencia de una regulación a nivel general, es lo que conduce a esos errores de bulto respeto a la puesta en escena del luto mediante la exposición de enseñas y a cuáles les debe afectar el mismo qué hacer con las restantes. Pero al margen de la cuestión operativa o protocolaria, como antes hemos indicado, situaciones como la que estamos viviendo, requiere que nuestros dirigentes actúen con diligencia y premura y por lo memos se armonicen acuerdos y decisiones.

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El arte de comunicar

Con el objeto de hacer un seguimiento de la evolución de la incidencia que ha provocado el COVID 19-, estos días se están asomando a los medios de comunicación distintos representantes de la Administración y por ende del Gobierno, para dar cuenta de la actualidad referente a la misma.
Cada uno de ellos hace un auténtico ejercicio de comunicación, porque la mayoría de las veces tienen que transmitir una información que necesariamente ha de presentarse en un envoltorio atractivo, o dicho de otra manera, esa información ha de llegar al receptor como un mensaje asumible y entendible, y no siempre los guarismos y los tecnicismos son el instrumento más apropiado para ello. Y además, tienen que preservar la identidad del propio emisor, esto es, que siempre su actuación pública ha de responder a una filosofía o ideología y porque no es lo mismo escuchar a un dirigente podemita que a otro socialista, aunque en muchas ocasiones, por ósmosis, se produzca una simbiosis.
Lo peor que puede pasar es que cuando desde un estamento oficial se genera información, ésta, en lugar de seguir un proceso de comunicación, se convierte en una fuente de propaganda y ello se debe a la oratoria que esgrime cada representante público en el momento de difundir esas noticias y donde al margen de la referencia pura y dura que siempre producen los guarismos o estadísticas, se incluye una alusión de matiz ideológico que está en consonancia con la cultura programática de la formación a la que representan.
Otras veces, esos procesos de comunicación están trufados de expresiones sacadas de célebres oradores, lo que suele captar siempre un público inteligente. En cualquier caso, se trata siempre de transmitir una información sin adornos. Decía Séneca que “la elocuencia que se dedica a la verdad debe ser sin artificio y simple”. Plutarco, por su parte, en sus “Obras Morales”, subrayaba “aconsejo huir y evitar aquella teatral y enfática manera de hablar porque es ampulosa y no apropiada para la política”. Por lo general, los autores clásicos han de ser en todo momento una fuente fiable si se quiere esgrimir una pulcra oratoria y escapar de esos manuales perversos que muchos políticos siguen al pie de la letra, aunque muchas veces tampoco saben interpretar sus consignas. Y en unos momentos como los que ahora mismo estamos viviendo, se requiere de nuestros representantes públicos una comunicación sin corsés. De lo contrario, deberían aplicarse el pensamiento de Salomón en “Eclesiastés”: “Tiempo hay de hablar, tiempo hay de callar”.

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Injurias y ultrajes

En medio de esta vorágine informativa que provoca el COVID 19, la maquinaria de la Administración sigue funcionando, aunque sea a un ritmo menos frenético y en este sentido, los boletines oficiales continúan insertando publicaciones como normas, decretos, propuestas de ley, avisos y notificaciones, convocatorias o cualquier anuncio oficial. Y por eso es posible que haya pasado desapercibido que el Boletín oficial de las Cortes Generales (Senado) ha publicado la proposición de ley por la que se modifica la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal, para despenalizar las injurias a la corona y los ultrajes a España y que tiene vigencia tras su publicación en el BOE.
La misma ha sido promovida por el grupo parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu. Se propone modificarla suprimiendo el apartado 3 del artículo 490 y los artículos 491 y 543. En concreto, quieren que se elimine el texto de aquella LO que dice “el que calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son”.
Y también los artículos que especifican que “las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior, y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de multa de cuatro a veinte meses” y también que “se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de la Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o de la Princesa de Asturias, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona”. Igualmente figura la supresión del artículo que alude a los ultrajes a España: “Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses”.
El fundamento de esta propuesta es la libertad de expresión que “es el derecho fundamental de toda persona a expresar ideas libremente, y por tanto, sin censura” y añaden que “el Estado español debe superar estas censuras que tipifican como delitos la quema de banderas o la injuria a la Corona desde un concepto de sacralización de la imagen del rey y de su familia” y aluden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que sostiene que la quema de imágenes del rey “debe entenderse como un acto de rechazo hacia la institución de la monarquía y que, por tanto, entra dentro del ámbito de la crítica política o la disidencia y está protegido por el derecho a la libertad de expresión”.
Dicho de otra manera, los representantes de las fuerzas independentistas han conseguido, con la anuencia socialista, que a partir de ahora hagan trizas la enseña nacional y monten un aquelarre con los retratos de la familia real. Y qué pasará cuando eso mismo se haga con las banderas que representan sus idearios o las imágenes de sus dirigentes…

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