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Uso terapéutico de la bandera de España

En un programa emitido por la cadena privada de televisión Intereconomía y dedicado al tema del independentismo catalán, escuchamos unas declaraciones vertidas en el mismo por parte del presidente ejecutivo de Catalunya Acció, Santiago Espot. La verdad, que nos dejaron, como suele decirse vulgarmente, “ojipláticos”.

Según sus palabras y empapado en una fiebre soberanista, el citado dirigente político afirmó que “para algunos ayuntamientos catalanes, es terapéutico no poner la bandera de España”. Y se quedó tan pancho. Como si tal cosa y eso fuese lo más natural del mundo.

O sea, que nos acabamos de enterar que vulnerar la ley, es terapéutico. La verdad, semejante aseveración jamás la habíamos escuchado. Ignoramos si ha querido aplicar en “sensu stricto” el sentido de esta voz tal como la recoge el DRAE: “Parte de la medicina que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de las enfermedades”. Entendemos que no conlleva ninguna enfermedad exhibir la bandera de España y sobretodo cuando ésta es de obligado cumplimiento, recogida por la Ley 39/81 de 28 de octubre y emanada de nuestra Carta Magna, esa misma que posibilita que este país funcione con comunidades autónomas como por ejemplo la catalana.

Lo hemos comentado reiteradamente. Ningún representante público puede contravenir o vulnerar la ley, porque las leyes se aprueban en las cámaras legislativas que conforman precisamente nuestros parlamentarios adscritos a las distintas formaciones políticas. Y dan mal ejemplo cuando, por ejemplo en este tema de la bandera, incumplen lo preceptivo y obligatorio y encima se jactan de ello.

Si la aplicación del protocolo es la aplicación de unas normas y disposiciones, el ejercicio de la práctica política también se regula por un sistema de leyes que son las que consagran esa actividad. Y de la misma manera que unas precedencias responden a la consideración de esas pautas que las reglamentan, el representante público tiene que actuar de acuerdo con esa misma filosofía y por ello no podemos compartir cuando incumplen la norma, porque después, en un acto público, ese político quiere que se le ubique de acuerdo con la dignidad de su cargo o función y esto se lleva a cabo mediante la interpretación de una normativa que, por supuesto, ningún profesional del protocolo se le ocurre obviar.

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