Una conducta digna y de buena fe

Reza el artículo 23 de la recientemente aprobada por el Consejo de Ministros Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno– una vez repasada por el Congreso y el Senado-, “ejercerán sus funciones atendiendo al principio de buena fe y con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios”. Obviamente se refiere al ejercicio de la actividad por parte de cualquier representante de una institución pública.

También se recoge expresamente que “mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección” o que no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía y que en el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional, se procederá a su incorporación al patrimonio del Estado.

La cuestión está en dirimir qué se entiende por actuar “de buena fe”, por una “conducta digna” o aceptar regalos “que superen los usos habituales, sociales o de cortesía”. Esto es, que habría que especificar con todo lujo de detalles estos conceptos e ir más allá de la propia letra.

Porque se sobreentiende que un político actúa- o debe actuar- siempre de buena fe. Que su conducta ha de ser digna, correcta y ejemplar y que cuando es agasajado, puede recibir un detalle de simple cortesía social, que a veces excede el puro marketing.

Lo que si deja claro esta ley, y así lo testimonia en la exposición de motivos, es que “sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”.

Si muchas veces hablamos de la importancia que tiene respetar el protocolo por parte de estos dirigentes de las instituciones públicas, de la necesidad de que conozcan las normas que lo regulan para que cada cual sepa donde está y sobretodo, en razón de qué está ahí- generalmente del rango que ostenta y que conlleva una prelación-, también es muy importante que su actuación en la vida pública sea transparente, digna y ejemplar y por lo tanto, esgriman un comportamiento exento de actitudes inadecuadas al cargo que representan, porque a fin de cuentas, lo suyo no deja de ser una representación ante la sociedad que los ha elegido o que ha posibilitado que estén donde están. Y esa misma sociedad les demanda una actuación modélica.

Lo chocante es que haya que regularlo mediante una ley, cuando es algo inherente a la persona. Decía Cicerón que “en cuanto a nuestra conducta con respecto a las costumbres públicas y a las usanzas civiles, no hay que dar ningún precepto. Ellas mismas son preceptos”.

 

 

La Ley prevé también que el Consejo de Ministros en el plazo de tres meses desde la publicación de la misma en el BOE, apruebe un Real Decreto por el que se cree el Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

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El político y la bandera

Qué desilusión. Pensábamos que eso de vulnerar los principios constitucionales era una exclusiva de los independendistas. Nos referimos a eso de no respetar las normas derivadas de las leyes emanadas de las Cortes y cumpliendo los preceptos consagrados en la Carta Magna.

Estamos hablando de la reciente participación del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba en el acto de su partido en el pabellón de la Vall d’Hebron junto al primer secretario del PSC, Pere Navarro. En ella, pudimos contemplar como a la espalda de los oradores, se exhibía la enseña catalana. Unica y exclusivamente, emulando las comparecencias, aquí también ya comentadas, de Artur Mas y sus correligionarios y corifeos.

Es obvio que, aún cuando se trate de un acto de un partido y por lo tanto no tiene la consideración de un acto oficial, a que obliga la ley, la mera exhibición de una bandera oficial, y la señera la es, se convierte en un símbolo institucional y por lo tanto, está afectada por la aplicación de las normas. Va más allá de la pura estética o del lenguaje simbólico que induce a una interpretación de un mensaje. Como decimos, que eso lo haga una organización como CIU, por ejemplo, pues lamentablemente se ha convertido en un hecho cotidiano, puesto que se prodiga en actos públicos institucionales, pero que lo protagonice una fuerza política que se dice estatal y constitucional, cuesta más entenderlo. Además en un evento en el que se hizo alusión repetidas veces al papel de la Constitución, incluso el líder socialista catalán, afirmando que la amaba, eso sí, pero también que había que reformarla para adecuarla a unos determinados intereses.

Pues resulta que esa misma Ley de Leyes es la que obliga a la exhibición pública de las banderas oficiales, siendo éstas las de España y la autonomía correspondiente. Y no se da buen ejemplo cuando en una comparecencia pública aparece solamente una bandera, máxime si se quiere dar concepto de Estado. Ambas son indisolubles. Por naturaleza y coherencia territorial y porque así lo determina la Constitución. Cualquier líder político debe saber esto, porque está obligado no sólo al conocimiento de las normas y leyes, sino a su cumplimiento. Retomando sus propias palabras dichas en ese acto político, hay que reformar la Constitución, “con el fin de mejorar las normas de convivencia y para que avance el Estad autonómico”. Pues convivir, es respetar. Y los símbolos se respetan porque implican una representación.