No es un problema de protocolo, es de interpretación

Lo acontecido con Artur Mas y sus desencuentros supuestamente protocolarios- matización por nuestra parte-, con los representantes del Estado, que es España, no obedecen a ningún problema de protocolo, como se han ocupado de subrayar fuentes de la Generalitat. Es cuestión de una estrambótica o aleatoria interpretación de lo que dictan las propias disposiciones que regulan el protocolo.

 

Pasó, como aquí ya hemos comentado, con su presencia en el acto de entrega de las Medallas de Honor  y de los Premios Carles Ferrer Salat que concede la patronal Foment del Treball y esta misma semana, con su pretendida participación en el I Foro Económico del Mediterráneo Occidental, celebrado en Barcelona. De momento el escenario es Cataluña, pero no nos extrañe que se pueda reproducir en otros lugares.

 

Para la Generalitat «No hay problemas protocolarios, hay imposiciones protocolarias que generan problemas». Y esta es la cuestión. Porque el protocolo jamás es resultado de una imposición, es tan sólo la aplicación de una normativa oficial que lo regula y establece unas prelaciones en función de un rango, colegiado o individual. No hay que inventar nada. Todo está perfectamente especificado, porque además esa es la filosofía y la esencia del propio protocolo: disciplina y orden.

 

Cualquier otra forma de entender las cosas, es mera interpretación gratuita de toda la casuística en la materia, pero interpretación subjetiva que a veces deriva en torticera. Ello deriva en tensiones y discrepancias institucionales, de ahí la conveniencia de abogar por una paz protocolaria dentro de este ambiente contaminado.

 

Quienes desempeñamos nuestra actividad profesional en este ámbito, utilizamos la normativa como principal herramienta de trabajo y la aplicamos en cada caso concreto, según sea menester. Por ello, necesitamos que esa materia legislativa esté actualizada y no presente lagunas, como sucede con  nuestro Real Decreto 2099/83 de 4 de agosto. Pero mientras esté vigente y no sufra modificaciones, es del que echamos mano en todo el territorio, aún considerando excepcionalmente las normativas propias de aquellas autonomías que disponen de ellas.

 

Pero es que también, junto a ese instrumento fundamental que constituye la norma, asimismo es primordial el sentido común. Sentido común por parte de los actores que participan en un acto y que en su condición de tales, cada uno tiene que saber el papel que interpreta, siguiendo el guión, que es la norma. Ciertamente, tienen que interpretar. Pero no la aplicación de la disposición legal, sino el papel que se les asigna en el guión.

Anuncio publicitario

Mas y más de protocolo

Hay que ver cuanto juego nos da Artur Mas. Juego por los vericuetos por los que transita, por cómo actúa en el espectro oficial protagonizando actos de rebelión contra el sistema, como sucede, por ejemplo, cuando comparece en actos públicos escoltado por la bandera de Cataluña, a veces acompañada por la europea, pero nunca por la española, como ya hemos comentado en otros artículos, lo que implica una flagrante vulneración de la ley. Juego porque gracias a su apellido, convertido en adverbio, podeos seguir aludiendo a sus actuaciones como mandatario público.

Porque ahora, después del reciente incidente del presidente de la Generalitat, podemos hablas más de cuestiones relacionadas con el protocolo. Nos estamos refiriendo al plantón que acaba de darle a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el acto de entrega de las Medallas de Honor  y de los Premios Carles Ferrer Salat que concede la patronal Foment del Treball.

Sencillamente, decidió no acudir, cuando estaba previsto que lo hiciera, porque no iba a presidir la ceremonia. Ese fue simple y llanamente el motivo que adujo, consecuencia de interpretar sui generis la normativa protocolaria. Según fuentes del gobierno catalán, el presidente de la Generalitat, “sólo participa en actos oficiales que presida o cierre él, salvo en el caso de presencia del Rey, del Príncipe o del presidente del Gobierno”. Y por eso, Artur Mas ha optado por delegar la representación del gobierno catalán en el conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig.

La Generalitat  argumenta que esta incomparecencia se debía a una “cuestión protocolaria” y recuerda que nunca la presencia de un ministro o vicepresidente del Gobierno ha relegado la preferencia protocalaria del presidente de la Generalitat en un acto celebrado en Cataluña, añadiendo que es “una cuestión de dignidad de la institución”.

Esas diferencias de interpretación protocolaria pueden aclararse en el Real Decreto de Precedencia, nuestro obsoleto ROGPE, pero de momento el único que está vigente para su aplicación en el Estado español, y donde en su artículo 9, especifica claramente que “la persona que represente e su cargo a una autoridad superior a la de su propio rango, no gozará de la precedencia establecida a la autoridad que representa y ocupará el lugar que le corresponda por su propio rango, salvo que ostente expresamente la representación del Rey o del  presidente del Gobierno”, como ha sido en este caso, pues además, es la titular en funciones del ejecutivo dada la ausencia de Rajoy en la Cumbre Iberoamericana.

Asi pues, no cabe más interpretación que la simple aplicación de la norma contenida en un Real Decreto. Todo lo demás, son frivolidades políticas, vístase como se vista el asunto. Ya en otras ocasiones hemos comentado que quienes trabajamos en el ámbito del protocolo y los eventos, tenemos como herramientas toda la normativa que regula el mismo y las leyes están para cumplirlas. De lo contrario, estaríamos en una Babel protocolaria y ya nos llega con lo que tenemos a diario, como es consolidar nuestra profesión  y poner en valor la relevancia del experto en protocolo para que pueda incorporarse al mundo laboral sin necesidad de estar a expensas de decisiones aleatorias basadas en una errónea valoración de lo que hacemos.

Universidad y educación

A tenor de los recientes acontecimientos acaecidos en el seno de diversas universidades españolas con motivo de las ceremonias de inauguración del nuevo curso universitario, empezando por la de Zaragoza -que aquí comentamos- que simbolizaba la apertura oficial del mismo, y siguiendo en oras de Castilla yLa Mancha, Valencia o Murcia, hasta ahora, podemos deducir que algo falla en el sistema universitario.

No se trata solamente de romper el normal desarrollo de un evento, de alterar el orden e incluso, con su incursión, como suele decirse, romper el protocolo -en ocasiones llegan a intervenir en un momento de la ceremonia para testimoniar su desacuerdo-. Se trata de no guardar las formas, de actuar al margen de las normas sociales. Por supuesto que se pueden hacer reivindicaciones, pero siempre, respetando a los demás.

Claro que un marco solemne como es la ceremonia de apertura de un curso académico o universitario, siempre resulta más propicio para dejar pública constancia de una protesta, sabiendo a priori que tendrá su reflejo en los medios de comunicación, precisamente porque se resquebraja la normalidad del propio acto.

No obstante, ese tipo de actuaciones no hacen otra cosa que poner de manifiesto las actitudes personales de quienes las protagonizan, esto es, que precisamente en un espacio donde se consagra el saber, no se hace gala de un saber estar y al perder las formas, su educación queda cuestionada.

Precisamente la formación humanística es algo de lo que un tiempo a esta parte se echa en falta en los planes universitarios. Se prepara a los jóvenes a nivel científico y académico, para consoliden una carrera que les permita una salida profesional en la que se desenvuelvan con todas las garantías y sean plenamente competitivos. Pero falla el aspecto más intrínsecamente personal de su preparación. Claro que si ya no vienen instruidos de casa, la tarea se nos antoja ardua.

Así pues, este tipo de situaciones que estamos viviendo conviene contextualizarlas y analizarlas. Hemos pasado de los peripatéticos clásicos que describían a unos jóvenes formados en todas las ciencias, pero siempre esgrimiendo actitudes de respeto, a los prosaicos en cuanto a su acepción vulgar. La imagen realmente no es alentadora y perder los modales en estas circunstancias, mucho menos.

Abdicar o no abdicar, esa es la operación

Cada vez que a Su Majestad el rey don Juan Carlos está aquejado de alguna dolencia o tiene que pasar por el quirófano, al margen del tipo de intervención quirúrgica a que sea sometido, la sociedad española y en concreto una facción del estamento político, le somete a una operación a corazón abierto y ya diagnostica el resultado de la misma: la abdicación.

Así ha vuelto a suceder con el último encuentro del monarca con los cirujanos. Aún no había entrado en la clínica, cuando ya no sólo se estaba cuestionando el por qué era atendido por la medicina privada, sino si era ya el momento de pensar en la abdicación en la figura de su heredero, el príncipe Felipe.

En su comparecencia pública, el Jefe dela Casa del Rey, Rafael Spottorno, aseguró que “la abdicación es un acto personalísimo del Rey y puedo afirmar que el Rey no se la ha planteado en ningún momento”.»Tampoco ha lugar», apostilló, «a plantearse la posible inhabilitación y la introducción de la fórmula de la regencia».

Mientras el monarca se recupera de la intervención, es obvio que el aparato de la monarquía sigue funcionando. El Príncipe está legitimado para desempeñar un papel de representación como ya lleva hecho con su participación en las ceremonias de tomas de posesión de presidentes de países iberoamericanos, eso sí, subraya el Jefe dela Casa del Rey «pero distinguiendo siempre entre representación y actividad como jefe de Estado». Y por otro lado, el Príncipe no podría sustituir al Rey en la Cumbre Iberoamericana en el supuesto de que su padre no pueda asistir, dado que es está únicamente reservada para presidentes del Gobierno y jefes de Estado. De ser así, la representación de España la asumiría el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Por su parte el Gobierno ya ha anunciado que descarta regular las funciones de la figura del Príncipe, destacando que es suficiente la actual legislación sobrela Corona, si bien se reconoce un vacío legal que, por ejemplo, es el que impide que el heredero esté en la citada cumbre.

Nuestra Carta Magna, en su título II (De la Corona) y en concreto el artículo 57.5, contempla que “las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión ala Coronase resolverán por una ley orgánica”. La cuestión es que tras 35 años de vigencia, esa ley, sigue pendiente. Y el artículo 59.2, recoge que “si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamentela Regencia el Príncipe heredero dela Corona”

Estas situaciones están integradas en el texto constitucional, pero lo que esos segmentos políticos invocan es una toma de decisión que de momento corresponde al propio monarca. Nadie duda que su hijo está más que preparado para el relevo y cuando se produzca se hará siguiendo el procedimiento. Mientras tanto, Don Juan Carlos compatibilizará su convalecencia con el quehacer diario y si en algunos casos tiene que relajarse el protocolo o adaptarse a las circunstancias como sucedió con la última ceremonia de entrega de cartas credenciales a embajadores, pues se hace.